El Gobierno de México confirmó que continuará con la construcción de la planta de amoníaco de Topolobampo, en el estado de Sinaloa, una de las mayores inversiones en fertilizantes de América Latina. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el complejo presenta un avance superior al 95% y sostuvo que su puesta en marcha será estratégica para reducir la dependencia de las importaciones de fertilizantes y fortalecer la producción nacional de alimentos.

La definición llega mientras el proyecto continúa generando posiciones enfrentadas. Por un lado, el Ejecutivo sostiene que la obra cuenta con respaldo social tras el proceso de consulta realizado en la región y considera que aumentará la capacidad de producción de fertilizantes del país. Por otro, comunidades indígenas, pescadores y organizaciones ambientales mantienen sus cuestionamientos sobre los posibles efectos que la planta podría tener sobre uno de los ecosistemas costeros con mayor biodiversidad del noroeste mexicano.

El Gobierno considera estratégica la producción nacional de fertilizantes

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que la construcción del complejo no constituye un proyecto nuevo, sino una iniciativa que comenzó hace más de una década y que actualmente se encuentra en su etapa final.

La mandataria explicó que la obra se inició en 2014 y que, tras distintos procesos administrativos y judiciales, los trabajos alcanzaron un grado de ejecución superior al 95%, por lo que el Gobierno mantiene la decisión de concluir la inversión.

Entre los principales argumentos oficiales figura la necesidad de ampliar la producción local de fertilizantes para disminuir la dependencia de las compras externas. Actualmente, México importa buena parte de los fertilizantes que utiliza su agricultura, una situación que el Ejecutivo busca revertir mediante el fortalecimiento de la capacidad industrial nacional.

La presidenta sostuvo además que el proyecto fue sometido a evaluaciones ambientales y que las autorizaciones incorporaron medidas de mitigación destinadas a reducir los impactos sobre el entorno natural. También recordó que el proceso incluyó una consulta con las comunidades de la zona, cuyo resultado fue favorable a la continuidad de la obra.

La planta es desarrollada por la empresa Proman, a través de su filial Proman GPO, y fue diseñada para producir alrededor de 2.200 toneladas diarias de amoníaco, insumo fundamental para la fabricación de fertilizantes nitrogenados utilizados por la agricultura.

Persisten los cuestionamientos ambientales y de comunidades indígenas

Pese al respaldo del Gobierno, el proyecto continúa siendo objeto de controversia. Las organizaciones que se oponen a la construcción recuerdan que durante los primeros años de ejecución se presentaron recursos judiciales por presuntas afectaciones ambientales en la Bahía de Ohuira, un área de alto valor ecológico ubicada en las cercanías del puerto de Topolobampo.

En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las comunidades indígenas Mayo-Yoreme debían ser consultadas antes de continuar con el desarrollo del proyecto, al considerar que la autorización inicial no había cumplido plenamente ese requisito.

Como consecuencia de ese fallo, el Gobierno realizó un nuevo proceso de consulta entre junio y julio de ese año. De las 15 comunidades indígenas participantes, 11 expresaron su respaldo a la continuidad de la planta, mientras que cuatro manifestaron su rechazo.

Sin embargo, organizaciones ambientales y representantes comunitarios sostuvieron que el procedimiento presentó irregularidades y cuestionaron la incorporación de localidades que, según su interpretación, no forman parte del área con mayor influencia ambiental del proyecto.

Las preocupaciones también se centran en la ubicación elegida para la planta. La Bahía de Ohuira integra un sitio Ramsar de importancia internacional y forma parte de un Área Natural Protegida, reconocida por albergar una amplia diversidad de aves migratorias, tortugas marinas, mamíferos, peces y crustáceos de relevancia ecológica y económica.

A pesar de esas objeciones, el Ejecutivo reafirmó que la construcción continuará hasta su finalización. La decisión refleja el equilibrio que México busca entre fortalecer su producción de fertilizantes para respaldar al sector agropecuario y responder a las demandas de conservación ambiental planteadas por comunidades locales y organizaciones civiles, un debate que seguirá acompañando uno de los proyectos industriales más relevantes del país en materia de insumos para la agricultura.