Cuatro años después del inicio del gobierno de Gustavo Petro, la reforma agraria continúa siendo uno de los proyectos más emblemáticos y, al mismo tiempo, uno de los más discutidos de su administración. La iniciativa buscó responder a un problema histórico del campo colombiano: millones de campesinos que trabajan tierras desde hace décadas sin contar con títulos de propiedad. Aunque el Gobierno consiguió avances en la formalización y adjudicación de predios, las principales metas fijadas al comienzo del mandato quedaron lejos de concretarse y varias herramientas clave no lograron superar el trámite legislativo.

La propuesta tomó como punto de partida los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz firmado en 2016, que contemplaban la formalización de siete millones de hectáreas y la incorporación de tres millones de hectáreas adicionales para su distribución entre productores rurales. Sin embargo, el ritmo de ejecución fue menor al esperado y el balance terminó mostrando una combinación de avances administrativos con obstáculos políticos e institucionales que limitaron el alcance de la estrategia.

La jurisdicción agraria quedó en el centro del debate

Uno de los pilares de la reforma era la creación de una jurisdicción agraria especializada, concebida para resolver conflictos relacionados con la propiedad rural mediante jueces con conocimientos específicos sobre la realidad del campo. El objetivo era ofrecer respuestas más ágiles a disputas por linderos, procesos de restitución, formalización de predios y conflictos derivados de décadas de desplazamiento forzado, evitando que estos casos continuaran tramitándose dentro de la justicia civil ordinaria.

El proyecto, sin embargo, no logró avanzar en el Congreso y terminó archivado, dejando al Gobierno sin una de las herramientas consideradas fundamentales para consolidar la reforma. Para especialistas y exfuncionarios consultados en distintos análisis, la ausencia de una justicia agraria especializada dificulta la resolución de conflictos sobre la tierra y mantiene barreras que afectan principalmente a pequeños productores y comunidades rurales que aún carecen de seguridad jurídica sobre los predios que ocupan.

Una deuda histórica que seguirá marcando la agenda rural

La discusión sobre la reforma agraria trasciende el actual gobierno. Colombia arrastra desde hace décadas una elevada concentración de la propiedad rural, una situación que fue agravada por el conflicto armado, los desplazamientos forzados y la escasa formalización de la tenencia de la tierra. Diversos gobiernos impulsaron iniciativas para corregir ese escenario, pero los resultados han sido parciales y el problema continúa ocupando un lugar central dentro de la política agropecuaria del país.

Con el cierre del mandato de Gustavo Petro, el balance deja espacio para interpretaciones contrapuestas. Mientras el Ejecutivo destaca el incremento en los procesos de formalización y adjudicación de tierras, sectores críticos consideran que la reforma no consiguió modificar de manera sustancial la estructura de acceso a la propiedad rural. Lo cierto es que la distribución de la tierra seguirá siendo uno de los grandes desafíos para la próxima administración, que deberá decidir si profundiza el camino iniciado o redefine las herramientas para enfrentar una de las demandas históricas del campo colombiano.