La sequía que atraviesa Colombia ya no solo preocupa por el nivel de los embalses o el riesgo para el sistema eléctrico. Sus efectos comenzaron a sentirse en el campo, donde la menor disponibilidad de agua compromete la producción de alimentos, reduce la oferta de leche y presiona los costos de toda la cadena agropecuaria. Con pronósticos de lluvias por debajo de lo habitual durante los próximos meses, especialistas advierten que el impacto podría trasladarse a los precios de los alimentos y mantener elevada la inflación hasta bien entrado 2027.

Las proyecciones climáticas indican una disminución de las precipitaciones del 32,6% en la región Andina y del 18,7% en el Caribe, dos zonas que concentran una parte importante de la producción agropecuaria del país. Menos agua disponible implica menores rendimientos, mayores costos para sostener los cultivos y una creciente incertidumbre para miles de productores.

Entre los alimentos más expuestos aparecen papa, arroz, maíz, yuca y plátano, productos esenciales de la canasta básica cuyo comportamiento tiene una incidencia directa sobre el costo de vida de los hogares colombianos.

El escenario también alcanza a la ganadería. La escasez de lluvias deteriora la calidad de las pasturas y limita la disponibilidad de forraje, mientras que las altas temperaturas incrementan el estrés térmico del ganado. Como consecuencia, la producción diaria de leche comienza a resentirse, afectando uno de los rubros con mayor peso dentro del índice de precios al consumidor.

Menos agua, más costos y mayor presión sobre la inflación

La menor oferta de alimentos coincide con un panorama complejo para el sector energético. Colombia genera entre 62% y 66% de su electricidad a partir de fuentes hidroeléctricas, por lo que el descenso en los niveles de los embalses obliga a aumentar la participación de las centrales térmicas para garantizar el suministro.

Las proyecciones de XM indican que las reservas de agua podrían ubicarse entre 19% y 20% hacia diciembre, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas.

Ese escenario incrementa la necesidad de utilizar combustibles para la generación eléctrica en un momento en que la oferta nacional de gas resulta insuficiente. La mayor dependencia de importaciones, cuyo costo es considerablemente superior al del abastecimiento interno, termina trasladándose a las tarifas de energía y ejerciendo una presión adicional sobre la inflación.

Analistas económicos estiman que el aumento en los costos de la electricidad podría sumarse al efecto provocado por el encarecimiento de los alimentos, prolongando las dificultades para desacelerar el índice general de precios.

El agro enfrenta un escenario que combina clima, energía y costos

Las previsiones económicas comenzaron a incorporar el efecto de una sequía prolongada. Diversas consultoras advierten que, bajo un escenario de alta intensidad, la inflación podría acercarse al 7% al cierre de 2026, mientras que otros cálculos ubican el rango entre 6,5% y 7,7%, dependiendo de la evolución climática y energética.

Este panorama también condiciona la política monetaria. La persistencia de presiones inflacionarias limita el margen para reducir las tasas de interés e incluso mantiene abierta la posibilidad de nuevos ajustes si los precios continúan acelerándose.

Al mismo tiempo, especialistas cuestionan la coincidencia entre el período de menor disponibilidad hídrica y la salida temporal de importantes centrales hidroeléctricas por trabajos de mantenimiento, una situación que reduce la capacidad del sistema en momentos de máxima exigencia.

A ello se suma el lento avance de nuevos proyectos de generación eléctrica, cuya ejecución continúa por debajo de lo previsto y dificulta diversificar la matriz energética frente a eventos climáticos extremos.

Los pronósticos climáticos indican que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027, con una intensidad comparable a algunos de los episodios más severos registrados en el país. Si ese escenario se confirma, la discusión dejará de centrarse únicamente en el suministro eléctrico y pasará a enfocarse en un aspecto aún más sensible: la capacidad del sistema agroalimentario para sostener la producción, contener el aumento de los precios y garantizar el abastecimiento de alimentos para la población.