Keiko Fujimori asumirá este martes 28 de julio la presidencia de Perú, convirtiéndose en la novena mandataria del país en apenas una década. La líder de Fuerza Popular llega al Palacio de Gobierno con un respaldo parlamentario mayor al que tuvieron sus antecesores, aunque deberá gobernar un país profundamente polarizado y con un Congreso dividido. El inicio de su mandato es observado con atención por los mercados y por la región, ya que la estabilidad institucional de Perú resulta clave para una de las economías más importantes de Sudamérica y uno de los principales productores mundiales de cobre.

Durante la campaña, Fujimori prometió restablecer el orden político, fortalecer la seguridad, preservar la disciplina fiscal y acelerar proyectos de infraestructura y minería que permanecen demorados por la burocracia. Su administración también buscará mantener la independencia del Banco Central, encabezado nuevamente por Julio Velarde, mientras el economista Elmer Cuba tendrá la responsabilidad de conducir la política económica desde el Ministerio de Hacienda. Analistas consideran que estas definiciones podrían fortalecer la confianza empresarial y atraer nuevas inversiones, aunque advierten que la gobernabilidad dependerá de la capacidad del Ejecutivo para construir consensos parlamentarios.

Aunque Fuerza Popular será la bancada más numerosa tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no contará con mayoría absoluta para aprobar sus proyectos. La reciente restauración del Congreso bicameral, vigente por primera vez en más de tres décadas, fue diseñada para reducir la inestabilidad política que caracterizó los últimos gobiernos. Sin embargo, la oposición conservará el control de la Cámara Baja, mientras el partido centrista Buen Gobierno aparece como un actor decisivo para inclinar las votaciones hacia el oficialismo o hacia la oposición, obligando a permanentes negociaciones.

Composición del nuevo Congreso peruano

Los mercados financieros recibieron positivamente la victoria electoral de Fujimori y diversas consultoras consideran que la continuidad de políticas macroeconómicas ortodoxas podría impulsar nuevamente la inversión privada. Sin embargo, el Gobierno enfrentará desafíos inmediatos como el posible impacto del fenómeno de El Niño sobre la producción agrícola, la necesidad de acelerar obras de infraestructura y el riesgo de nuevos conflictos sociales en un país que continúa dividido por el legado político del expresidente Alberto Fujimori. Organizaciones de derechos humanos ya anticiparon que seguirán de cerca las decisiones de la nueva administración, recordando las violaciones ocurridas durante el gobierno de su padre.

La nueva mandataria inicia así uno de los períodos políticos más complejos de la historia reciente de Perú. Si logra consolidar acuerdos en el Congreso y sostener la estabilidad económica, podría poner fin a una década marcada por la crisis institucional. No obstante, la polarización política, las demandas sociales y la presión por obtener resultados rápidos definirán el verdadero alcance de un gobierno que comienza con altas expectativas, pero también con importantes desafíos.