Miles de agricultores bloquearon durante varios días las principales carreteras de Perú a fines de mayo, afectando nueve regiones del país y convirtiendo la crisis del campo en uno de los temas más sensibles de cara a la segunda vuelta presidencial. La protesta, encabezada por productores de arroz pero respaldada por otros sectores agropecuarios, expuso el deterioro de la rentabilidad agrícola y dejó una advertencia para quien asuma el próximo gobierno.

Desde Arequipa hasta Piura, pasando por San Martín, Junín y Huánuco, los productores tomaron rutas estratégicas para reclamar medidas urgentes frente a la caída de los precios agrícolas, el aumento de los costos de producción y el crecimiento de las importaciones que, según denuncian, están desplazando a la producción local.

El arroz en el centro de una crisis que se expande

La protesta tuvo como principal protagonista al sector arrocero. Los productores sostienen que el precio recibido por el arroz cayó a niveles que hacen inviable la actividad. Mientras meses atrás un saco de 50 kilos se comercializaba entre 70 y 80 soles, actualmente muchos agricultores apenas logran venderlo por alrededor de 45 soles.

La situación se agravó por el incremento de los costos de fertilizantes, combustibles e insumos agrícolas. A ello se suma el ingreso de arroz importado desde países como Uruguay, Argentina y Brasil, que según los gremios generó una sobreoferta que presiona aún más los precios internos.

Aunque el arroz fue el detonante de las movilizaciones, el malestar alcanza a otros sectores productivos. Organizaciones vinculadas al café, banano, limón, azúcar y ganadería manifestaron su respaldo a las protestas, reflejando un problema que trasciende a un solo cultivo.

Los productores argumentan que la crisis no es coyuntural. Denuncian una combinación de factores que incluye mayores costos financieros, dificultades de comercialización, eventos climáticos adversos y una limitada capacidad estatal para sostener la competitividad de la agricultura familiar.

Un desafío inmediato para el próximo gobierno

La magnitud de las protestas obligó al Ejecutivo a reaccionar. El Gobierno autorizó recursos por aproximadamente 120 millones de soles para la compra directa de arroz destinado a programas sociales y otros 50 millones de soles para el mantenimiento de infraestructura de riego. Estas medidas permitieron desactivar temporalmente los bloqueos, aunque parte de los gremios considera que las soluciones son insuficientes.

El conflicto también encendió alarmas por su posible impacto en el proceso electoral. Las autoridades electorales advirtieron que los cortes de carreteras podían complicar el traslado de material de votación hacia distintas zonas del país.

Más allá de la coyuntura política, la protesta dejó al descubierto una realidad económica preocupante. Los pequeños productores abastecen una parte significativa de los alimentos consumidos en Perú, pero una proporción importante de ellos continúa viviendo en condiciones de pobreza.

Para el próximo presidente, el desafío irá mucho más allá de resolver un conflicto puntual. El sector agropecuario exige políticas que mejoren la rentabilidad, fortalezcan la infraestructura rural, reduzcan la vulnerabilidad frente a eventos climáticos y permitan competir en un mercado cada vez más abierto.

Las carreteras fueron despejadas, pero el mensaje que dejaron los agricultores sigue vigente: el campo peruano ya no está dispuesto a seguir absorbiendo pérdidas mientras aumentan los costos y disminuyen los ingresos. Quien llegue al Palacio de Gobierno encontrará en el agro uno de los primeros y más complejos frentes de gestión.