El futuro regulatorio del megapuerto de Chancay entró en una nueva etapa. El Poder Judicial admitió el recurso presentado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú y elevó el caso al Tribunal Constitucional, que deberá definir si el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) puede ejercer plenamente sus facultades de supervisión sobre el terminal. La decisión tendrá un fuerte impacto porque establecerá los límites entre la inversión privada y la regulación estatal en una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior peruano.

Aunque la admisión del recurso no modifica las atribuciones que actualmente mantiene Ositrán ni anticipa un fallo sobre el fondo del conflicto, sí abre una instancia decisiva para definir el marco jurídico que regirá no solo al puerto de Chancay, sino también a futuros proyectos de infraestructura desarrollados con capital privado.

El debate gira en torno a dos interpretaciones opuestas. Cosco sostiene que el terminal fue construido íntegramente con inversión privada y no mediante una concesión estatal, por lo que considera que no corresponde aplicar el mismo esquema regulatorio utilizado en otros puertos concesionados.

Por su parte, Ositrán argumenta que sus competencias no dependen del modelo de inversión, sino del servicio que presta la infraestructura. Desde esa perspectiva, el puerto forma parte del sistema de transporte de uso público y, por lo tanto, debe permanecer sujeto a supervisión para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger a los usuarios.

Un precedente para las futuras inversiones en infraestructura

Más allá de la situación puntual del puerto de Chancay, el Tribunal Constitucional deberá resolver hasta dónde puede llegar la intervención del Estado cuando una infraestructura privada presta un servicio considerado de interés público.

La empresa operadora sostiene que una regulación más amplia podría modificar las condiciones bajo las cuales se desarrolló el proyecto y afectar principios constitucionales como la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad.

En cambio, el Estado defiende que la naturaleza privada del terminal no elimina la responsabilidad de supervisar un activo estratégico para el transporte y el comercio exterior. Según esa posición, el objetivo de la regulación es asegurar condiciones adecuadas de operación y preservar el correcto funcionamiento del sistema portuario.

El conflicto llegó a esta instancia luego de que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocara una sentencia favorable a Cosco y declarara improcedente la demanda de amparo presentada contra Ositrán. Tras ese fallo, la empresa presentó un recurso de agravio constitucional que ahora será analizado por el máximo intérprete de la Constitución.

El megapuerto también enfrenta otra evaluación regulatoria

Mientras el proceso constitucional avanza, el puerto de Chancay también permanece bajo análisis de Indecopi, que estudia las condiciones de competencia en diversos servicios portuarios.

La evaluación comprende actividades como el embarque y desembarque de contenedores, la atención de buques portacontenedores, la operación con contenedores vacíos y los servicios de transbordo. El organismo busca determinar si existen segmentos donde la competencia resulte insuficiente y si corresponde adoptar medidas regulatorias adicionales.

Aunque ambos procesos son independientes, reflejan el creciente debate sobre el marco institucional que debe aplicarse al primer megapuerto desarrollado íntegramente con inversión privada en el Perú.

Operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, sociedad integrada por la empresa china Cosco Shipping Ports y la peruana Volcan, el terminal fue concebido como uno de los principales corredores logísticos entre Sudamérica y Asia.

La sentencia que emita el Tribunal Constitucional podría convertirse en un precedente para todas las futuras inversiones privadas en infraestructura estratégica, al establecer cuándo el interés público justifica la intervención regulatoria del Estado y cuáles son los límites constitucionales de esa supervisión. Una definición que será observada de cerca por inversionistas, operadores logísticos y exportadores de toda la región.