La agricultura en Cuba atraviesa uno de sus momentos más complejos. En La Habana, el productor Emilio Interián -presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios Sabino Pupo Milián y diputado a la Asamblea Nacional- advirtió en los últimos días que la crisis productiva, los robos rurales y la falta de insumos están profundizando la depresión del sector. El debate cobra relevancia porque el país importa más del 80 % de los alimentos que consumen sus 9,7 millones de habitantes.

"Eso pasa en toda Cuba", afirmó Interián al referirse al hurto de ganado, un fenómeno que -según explicó- se intensifica a medida que empeora la situación económica. En su cooperativa, con 24 granjas y 104 hectáreas, los productores mantienen desde hace más de tres décadas un destacamento de vigilancia campesina para enfrentar el abigeato.

Sin embargo, para el dirigente rural, el robo no es el único ni el principal problema. "Son más las reses muertas por enfermedades y desnutrición que por sacrificio ilegal", sostuvo, apuntando a la falta de alimento animal, combustible y medicamentos veterinarios.

Un agro tensionado por costos y controles

En diciembre, durante la sesión parlamentaria, Interián cuestionó que los precios topados de la leche y la carne se mantengan por debajo de los costos reales de producción. Su intervención generó debate en redes sociales, donde algunos interpretaron sus palabras como un llamado a mayor liberalización económica.

El productor defendió que la prioridad es estimular la producción agropecuaria mediante mayor flexibilidad en la comercialización y acceso a divisas para adquirir insumos importados. "Si no tenemos recursos y somos un país pobre, tenemos que cambiar lo que tengamos que cambiar", afirmó.

La estructura productiva cubana combina tres formas cooperativas: las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). En el caso de las CCS, como la que lidera Interián, cada productor conserva la propiedad de su finca, aunque comparte servicios y gestión crediticia.

Nueva ley de tierras y expectativa de reformas

El gobierno presentó en marzo de 2025 un anteproyecto de Ley de propiedad, posesión y uso de la tierra, que busca sustituir la normativa vigente desde 1991 y flexibilizar aspectos como la herencia y la compraventa de parcelas cultivables. La aprobación está prevista para 2026.

Productores como Ernesto Reyna, agricultor en Marianao, consideran que la actualización normativa podría generar mejores incentivos. "El desafío es revertir el déficit de calorías de la población. Para ello deben cambiar algunos paradigmas arcaicos", afirmó.

Actualmente, el 79 % de las seis millones de hectáreas agrícolas del país es de propiedad estatal, 13 % privada y 7 % cooperativa, según datos oficiales.

Mango perdido y minindustrias paralizadas

Uno de los casos más ilustrativos de la ineficiencia productiva es el del mango. La cooperativa Sabino Pupo Milián produce unas 100 toneladas anuales, pero en 2025 la empresa estatal solo adquirió la mitad. El resto se vendió localmente o se perdió.

"Es muy duro escuchar que no hay compota para los niños cuando perdemos 80 % del mango en una cosecha", lamentó Interián.

La solución proyectada es construir una minindustria propia para procesar frutas y otra para elaborar pienso animal. No obstante, el déficit de combustible, electricidad, envases y divisas dificulta la inversión y operación sostenible.

Dependencia externa y seguridad alimentaria

Desde 2020, la crisis económica -agravada por la pandemia, desequilibrios macroeconómicos y sanciones estadounidenses- redujo aún más la capacidad productiva local. Cuba depende hoy de importaciones para cubrir la mayor parte de su demanda alimentaria.

Para especialistas regionales, el caso cubano refleja los riesgos de sistemas productivos con baja resiliencia, escasa tecnificación y limitaciones en el acceso a financiamiento. En un contexto global de volatilidad en precios de commodities agrícolas y tensiones logísticas, la autosuficiencia relativa se vuelve un objetivo estratégico.

El debate en la isla gira ahora en torno a cuánto y cómo reformar el modelo agrícola sin perder control estatal. Lo cierto es que, mientras se discuten nuevas leyes y se proyectan inversiones, el agro cubano enfrenta un dilema urgente: producir más y mejor para garantizar la seguridad alimentaria o profundizar su dependencia externa en un entorno internacional incierto.