Agronegocios en América Latina: qué países ofrecen mayor seguridad jurídica para invertir y exportar, según un ranking de EE.UU.
Un ranking de EE.UU. revela diferencias en seguridad jurídica en América Latina y abre interrogantes sobre inversiones y exportaciones del agro regional.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó en 2026 su informe Global Rule of Law and Business Dashboard, que evaluó las condiciones del Estado de derecho en 149 economías. Los resultados, difundidos por Bloomberg el 18 de octubre, muestran importantes diferencias entre los países latinoamericanos y plantean un interrogante estratégico para el sector agropecuario: ¿hasta qué punto la seguridad jurídica influye en las decisiones de inversión, producción y exportación de alimentos? La cuestión cobra relevancia para una región que abastece a los principales mercados internacionales.
El estudio analiza cinco pilares: transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y debido proceso. Noruega encabezó la clasificación mundial con 92,1 puntos, mientras Venezuela ocupó el último puesto con 9. En América Latina, Chile lideró con 75,1 puntos, seguido por Uruguay y Costa Rica. El indicador no mide específicamente la competitividad agrícola, pero ofrece una referencia sobre el entorno institucional en el que operan productores, agroindustrias, proveedores de tecnología y empresas vinculadas con el comercio exterior.
Santiago de Chile, país líder en seguridad jurídica en América Latina según el ranking empresarial de Estados Unidos.
Seguridad jurídica y agronegocios: las diferencias que enfrenta América Latina
Uno de los datos más relevantes es la ubicación de tres grandes protagonistas del comercio agroalimentario regional. Brasil aparece en el puesto 55, con 55 puntos; Argentina en el 56, con 54,8; y México en el 91, con 43,6. La comparación evidencia que el peso productivo y exportador de una economía no necesariamente coincide con su desempeño institucional. Los tres países cuentan con importantes cadenas de valor agroalimentarias, aunque presentan estructuras productivas, marcos regulatorios y vínculos comerciales diferentes. Por eso, sus posiciones requieren una interpretación que vaya más allá del ranking.
Ranking de seguridad jurídica en América Latina: posiciones y puntuaciones en 2026
| País | Posición mundial | Puntuación /100 |
|---|---|---|
| Chile | 27 | 75,1 |
| Uruguay | 32 | 71,4 |
| Costa Rica | 35 | 68,3 |
| Colombia | 54 | 55,1 |
| Brasil | 55 | 55,0 |
| Argentina | 56 | 54,8 |
| Panamá | 68 | 51,0 |
| República Dominicana | 73 | 49,7 |
| Perú | 76 | 47,9 |
| México | 91 | 43,6 |
| Paraguay | 95 | 42,5 |
| Ecuador | 102 | 39,1 |
| Honduras | 105 | 37,0 |
| El Salvador | 107 | 36,8 |
| Guatemala | 110 | 35,1 |
| Bolivia | 118 | 32,0 |
| Nicaragua | 140 | 21,1 |
| Venezuela | 149 | 9,0 |
| Fuente: U.S. Chamber of Commerce, Global Rule of Law 2026. Datos: Bloomberg Línea. Elaboración propia. Índice general, no agropecuario. |
Para los agronegocios, la previsibilidad constituye una variable económica concreta. Las inversiones en maquinaria, riego, infraestructura de almacenamiento, plantas de procesamiento y tecnificación suelen necesitar varios años para recuperar el capital comprometido. En ese horizonte, los cambios regulatorios, las dificultades para ejecutar contratos o la incertidumbre sobre derechos de propiedad pueden modificar la rentabilidad esperada. Una empresa que proyecta ampliar su capacidad exportadora no evalúa únicamente productividad y precios internacionales: también necesita conocer las condiciones bajo las cuales podrá operar.
El informe estadounidense advierte, además, sobre debilidades regionales. Según los resultados recogidos por Bloomberg Línea, las Américas alcanzaron una puntuación media de 49,8, frente al promedio mundial de 50,7. La estabilidad obtuvo 44,9 puntos y el indicador de control de la delincuencia apenas 31,6. Para las cadenas agroalimentarias, estos factores pueden traducirse en mayores exigencias de seguridad durante el transporte, riesgos sobre activos productivos y dificultades operativas. Sin embargo, el estudio no cuantifica directamente esos costos en el sector agrícola.
Planta agroindustrial con silos e infraestructura productiva vinculada a las inversiones agrícolas en América Latina.
Inversiones agrícolas, exportaciones y el desafío de competir en los mercados globales
La relación con Estados Unidos incorpora otra dimensión al análisis. El comercio agroalimentario entre ese país y América Latina comprende granos, carnes, frutas, hortalizas, alimentos procesados, maquinaria e insumos. En ese escenario, la seguridad jurídica puede convertirse en un factor de diferenciación para atraer inversiones y consolidar relaciones comerciales de largo plazo. El T-MEC, el MERCOSUR y los acuerdos de integración regional establecen distintos marcos de intercambio, pero su aprovechamiento también depende de la implementación de normas, los procedimientos aduaneros y la resolución de controversias.
Lesly Henderson-Rubio, directora para las Américas de la Cámara de Comercio estadounidense, destacó, según recogió Bloomberg Línea, que la previsibilidad de las reglas resulta fundamental para comprometer capital y planificar inversiones. Esa perspectiva adquiere especial relevancia en la agroindustria, donde los contratos internacionales pueden involucrar múltiples campañas productivas, certificaciones, normas fitosanitarias y exigencias de trazabilidad. La estabilidad regulatoria no reemplaza las ventajas comparativas de cada país, pero puede fortalecer la confianza de compradores, financiadores y socios comerciales.
A esa ecuación se suman desafíos que el ranking no evalúa específicamente: logística de exportación, infraestructura portuaria y vial, barreras arancelarias y no arancelarias, variabilidad climática y acceso al financiamiento. También crece la importancia de la agricultura digital, la biotecnología, la sustentabilidad y las certificaciones vinculadas con la huella de carbono e hídrica. Estas variables condicionan la capacidad de las empresas para agregar valor, diversificar mercados y responder a nuevas tendencias de consumo global. Por lo tanto, una mejor posición institucional no garantiza por sí sola una mayor competitividad agroexportadora.
Tractor con tecnología de agricultura de precisión en un campo agrícola, símbolo de innovación y competitividad agroexportadora en América Latina.
El análisis permite identificar cinco aspectos que deberían formar parte de cualquier evaluación de inversión agroindustrial: estabilidad de las reglas comerciales, protección de los derechos de propiedad, cumplimiento de contratos, transparencia administrativa y mecanismos confiables de resolución de conflictos. A ellos deben incorporarse indicadores productivos y logísticos para obtener una visión integral. Organismos como la FAO, el IICA, el BID y la OMC ofrecen información complementaria para estudiar seguridad alimentaria, financiamiento, infraestructura y condiciones del comercio internacional, sin confundir esas dimensiones con el índice estadounidense.
La conclusión para América Latina es que el potencial agroexportador necesita acompañarse de instituciones previsibles, innovación y políticas capaces de sostener inversiones de largo plazo. Chile y Uruguay muestran mejores resultados relativos en seguridad jurídica, mientras otras potencias agrícolas mantienen fortalezas productivas junto con desafíos institucionales. El camino hacia una mayor competitividad no depende exclusivamente de producir más toneladas: también exige mejorar las condiciones para industrializar, financiar, transportar y comercializar esa producción. En un mercado global cada vez más exigente, la confianza institucional puede ser tan estratégica como la capacidad de producir alimentos.
