Agroquímicos ilegales avanzan en Centroamérica y ponen en riesgo al agro y la seguridad alimentaria
Un informe internacional advierte que el comercio ilegal de insumos agrícolas, tabaco y otros productos crece por fallas de control y mayor informalidad.
El comercio ilegal de agroquímicos, semillas y fertilizantes adulterados se mantiene como una preocupación creciente en Centroamérica durante 2025, según un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit). El estudio advierte que las fallas en los controles aduaneros, la informalidad y las diferencias regulatorias entre países favorecen una actividad que impacta directamente en la economía, la producción agrícola y la seguridad alimentaria regional.
La evaluación analizó el desempeño de 158 economías a nivel mundial y midió factores como regulación, sistemas impositivos, controles gubernamentales, corrupción y mecanismos contra el lavado de dinero. Los resultados muestran que, aunque algunos países avanzaron en nuevas herramientas de fiscalización, todavía existen puntos vulnerables que permiten la circulación de productos falsificados o de origen desconocido.
Entre los sectores afectados aparecen el tabaco, las bebidas alcohólicas, los electrónicos y los medicamentos. Sin embargo, dentro del agro existe una preocupación particular por la presencia de plaguicidas, fertilizantes y semillas adulteradas o robadas, debido a los riesgos que pueden generar sobre los cultivos, los productores y la cadena alimentaria.
Productos falsificados golpean al campo y exponen a los productores
El informe señala que las redes de comercio ilícito aprovechan las debilidades en el seguimiento de la cadena de suministro para movilizar mercancías a gran escala. La falta de inspecciones efectivas y la baja trazabilidad facilitan el ingreso de productos que no cumplen con los estándares requeridos.
Para el sector agrícola, el problema va más allá de las pérdidas económicas. La utilización de insumos falsificados puede provocar fallas en el control de plagas y enfermedades, pérdidas productivas y posibles impactos ambientales, además de afectar la competitividad de los agricultores que utilizan productos regulados.
Según el índice 2025, Costa Rica y Panamá aparecen con las mejores puntuaciones dentro de Centroamérica, con 51,2 y 49,6 puntos respectivamente, mientras que El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua presentan mayores niveles de exposición frente al comercio ilícito.
A nivel latinoamericano, Uruguay se ubicó como el país mejor evaluado. No obstante, el promedio mundial de 49,9 puntos sobre 100 refleja que gran parte de los gobiernos todavía enfrenta dificultades para prevenir y reducir estas actividades ilegales.
Zonas francas y controles aduaneros, bajo la lupa regional
La investigación identifica como uno de los principales problemas la falta de supervisión suficiente en algunas zonas de alto movimiento comercial. Entre los puntos mencionados aparecen la Zona Libre de Colón, en Panamá, y la zona de Corozal, en Belice, donde los grandes volúmenes de reexportación requieren mayores niveles de transparencia e inspección.
Tracit advierte que la combinación de corrupción, informalidad y controles desiguales facilita que diferentes productos ilegales continúen circulando dentro de la región. Para enfrentar esta situación, propone fortalecer la autoridad aduanera sobre las zonas francas y ampliar la capacidad de inspección sobre mercancías consideradas de mayor riesgo.
Los gobiernos centroamericanos comenzaron a incorporar nuevas medidas de control, aunque el informe sostiene que será necesario profundizar la cooperación regional y mejorar la trazabilidad de las cadenas comerciales.
Para el sector agropecuario, reducir la circulación de insumos ilegales será clave para proteger la productividad, garantizar la calidad de los alimentos y fortalecer la confianza en los mercados agrícolas de Centroamérica.
