América se planta ante la UE y rechaza normas que podrían golpear las exportaciones agropecuarias
Los países del continente advirtieron que la propuesta europea sobre residuos fitosanitarios carece de sustento científico y podría convertirse en una barrera comercial con impacto sobre la seguridad alimentaria mundial.
Los países de las Américas expresaron una posición común frente a la propuesta que la Unión Europea analiza para modificar los límites máximos de residuos (LMR) de productos fitosanitarios. Durante la reunión anual del Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), celebrada en San José de Costa Rica, ministros y altos funcionarios de Agricultura advirtieron que la iniciativa podría transformarse en una barrera comercial de hecho, afectar las exportaciones agroalimentarias y generar consecuencias sobre la seguridad alimentaria mundial. Además, dejaron en claro que buscarán abrir una instancia de diálogo técnico con la UE en lugar de limitarse a aceptar las nuevas exigencias.
La resolución aprobada por consenso sostiene que las regulaciones que rigen el comercio internacional de alimentos deben ser transparentes, previsibles y respaldadas por evidencia científica, principios que consideran esenciales para preservar el funcionamiento del sistema multilateral de comercio.
El documento también plantea que cualquier modificación regulatoria debe respetar los compromisos asumidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y evitar la creación de obstáculos innecesarios para el intercambio internacional de productos agroalimentarios.
La posición adoptada será comunicada oficialmente a la OMC por el presidente del Comité Ejecutivo del IICA y ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Roberto Linares.
Preocupación por el impacto sobre productores y exportaciones
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la propuesta europea podría obligar a los países exportadores a modificar sus estrategias de manejo de plagas para adecuarse a criterios que, según las naciones americanas, no siempre responden a fundamentos científicos.
Los funcionarios advirtieron que los pequeños productores serían quienes enfrentarían las mayores dificultades, debido a que cuentan con menos capacidad para adaptar rápidamente sus programas de protección de cultivos, reemplazar insumos o incorporar nuevas alternativas de manejo.
Entre las cadenas productivas que podrían verse alcanzadas figuran banana, cítricos, mango, piña, tomate, pimiento, café, cacao y caña de azúcar, además de otros productos de gran peso en el comercio internacional como soja, maíz, algodón y carne.
La dimensión económica también quedó reflejada en datos presentados durante la reunión. Según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los productos que podrían verse afectados representan más de 5.400 millones de dólares en exportaciones estadounidenses hacia la Unión Europea cada año.
Los representantes señalaron que, además de modificar el comercio, este tipo de medidas puede incrementar los costos de producción, introducir incertidumbre para las inversiones y limitar la incorporación de nuevas tecnologías destinadas al manejo sanitario de los cultivos.
Las Américas buscarán una solución mediante el diálogo técnico
La iniciativa para debatir el tema fue presentada por Paraguay y recibió el respaldo unánime del resto de los países participantes.
El embajador paraguayo en Costa Rica, Julio Duarte Van Humbeck, sostuvo que numerosos productores del continente cumplen con los estándares internacionales de calidad, sanidad e inocuidad, pero aun así enfrentan restricciones comerciales justificadas por argumentos ambientales o fitosanitarios que, a su juicio, exceden lo necesario y no siempre cuentan con respaldo científico.
Durante el encuentro, distintas delegaciones coincidieron en que el uso responsable de productos fitosanitarios continúa siendo una herramienta indispensable para proteger los cultivos frente a plagas y enfermedades, siempre bajo criterios técnicos y buenas prácticas agrícolas.
La representante del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Michelle Bekkering, afirmó que adaptar la producción a requisitos sin una justificación científica implicaría mayores costos e incertidumbre para los agricultores. En la misma línea, México manifestó que reconoce el derecho de la Unión Europea a actualizar su normativa fitosanitaria, aunque remarcó que cualquier cambio debe sustentarse en evidencia científica.
Brasil también respaldó esa postura. El viceministro de Agricultura y Ganadería, Cleber Soares, recordó que cada país posee su propia legislación y señaló que las nuevas exigencias deben respetar la soberanía regulatoria de los Estados y construirse sobre bases técnicas compartidas.
Canadá advirtió, por su parte, que una regulación de estas características podría afectar no solo el comercio agroalimentario, sino también la seguridad alimentaria y la adopción de innovaciones tecnológicas en la producción agrícola.
Con esta resolución, las Américas fijaron una posición conjunta para defender que las reglas del comercio internacional de alimentos continúen sustentándose en criterios científicos y acordados multilateralmente, mientras procuran abrir un espacio de negociación con la Unión Europea antes de que la normativa avance hacia su aprobación definitiva.
