El Gobierno boliviano abrió una auditoría interna y presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la cuestionada compra de arroz importado desde Argentina que, según determinaciones preliminares, no reunía las condiciones mínimas de calidad para consumo humano ni para su inclusión en programas estatales de abastecimiento.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, explicó que el caso avanza por dos vías: la administrativa, a través de la revisión interna de los procesos de compra, y la judicial, con la investigación a cargo de la Fiscalía. "Se trata de recursos públicos y, por tanto, debe garantizarse una investigación completa y transparente", señaló el funcionario, sin dar más detalles para no interferir en el curso de las pesquisas.

La controversia comenzó en julio, cuando la directora de Insumos Bolivia, Lauren Fernández, denunció que el lote importado desde Argentina no cumplía los parámetros de calidad exigidos. La compra, por un valor de 63 millones de bolivianos, quedó bajo la lupa al constatarse que el cargamento no podía ser distribuido en los programas de provisión alimentaria ni destinado al consumo directo.

Desde entonces, el arroz permanece retenido en depósitos estatales, a la espera de que se determine su destino final y se definan las responsabilidades correspondientes. La auditoría busca establecer si existieron irregularidades en los controles de ingreso del producto, así como responsabilidades administrativas de funcionarios que autorizaron la operación.

El caso ha generado cuestionamientos en distintos frentes, dado que involucra fondos públicos y afecta la confianza en los mecanismos de abastecimiento estatal. Aunque las autoridades aseguran que el proceso se desarrolla con "la rigurosidad que corresponde", sectores vinculados a la producción y el comercio de granos piden celeridad y transparencia en la resolución.

La investigación también abre el debate sobre la dependencia de importaciones en un país donde la producción nacional de arroz ha enfrentado variaciones por factores climáticos y de mercado. Para los productores locales, este episodio refuerza la necesidad de fortalecer los controles de calidad en frontera y de priorizar la producción interna para evitar nuevos conflictos.

Por ahora, el Gobierno asegura que no se perderá ni un solo peso y que los procesos administrativos y judiciales permitirán esclarecer cómo se concretó la compra de un lote que hoy se encuentra inmovilizado y bajo vigilancia.