El consumo de diésel en Bolivia cayó un 50 % en apenas dos semanas, tras la entrada en vigencia del decreto 5503, que eliminó los subsidios tanto al diésel como a la gasolina. La medida, adoptada en el marco de una declaratoria de emergencia económica, marca un punto de inflexión en la política energética del país y reabre el debate sobre su impacto en sectores sensibles como el agro y el transporte.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz sostiene que la brusca caída del consumo confirma una hipótesis largamente discutida: una parte significativa del combustible subvencionado terminaba en circuitos de contrabando. Así lo afirmó el ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, quien anticipó que el consumo debería estabilizarse entre un 30 % y un 40 % por debajo de los niveles previos.

"Al quitar el incentivo económico al contrabando, el consumo de diésel cayó de forma casi inmediata", explicó Medinaceli, al tiempo que detalló que el decreto restableció un sistema de formación de precios con márgenes y referencias, similar al aplicado en 1997, pero adaptado a la actual coyuntura boliviana.

Una ecuación que dejó de cerrar

Desde el Ejecutivo reconocen que el esquema de subsidios fue viable durante los años de altos ingresos por exportación de gas, entre 2004 y 2010, pero perdió sostenibilidad con el paso del tiempo.
"Llegamos a un punto en el que importábamos cada vez más diésel y exportábamos menos gas. Esa ecuación no podía sostenerse", argumentó el ministro.

El ajuste no es menor: la gasolina subió un 86 % y el diésel más de un 160 %, un salto inédito en décadas. Los nuevos precios se mantendrán durante el primer semestre de 2026, antes de una revisión oficial.

Bolivia no está sola en este camino. Ecuador eliminó el subsidio al diésel en septiembre de 2025, bajo la presidencia de Daniel Noboa, también en medio de protestas sociales, un patrón que empieza a repetirse en la región.

El agro frente a un nuevo escenario de costos

Para el sector agropecuario, el cambio introduce un escenario desafiante. El diésel es un insumo crítico para maquinaria agrícola, transporte de granos, ganado e insumos, especialmente en regiones alejadas de los centros urbanos.
Si bien el Gobierno insiste en que el consumo previo estaba inflado por usos ilegales, los productores deberán recalcular márgenes, en un contexto donde los costos logísticos ya venían presionados por inflación y restricciones externas.

Al mismo tiempo, algunos analistas del agro señalan que una normalización del mercado de combustibles podría reducir distorsiones históricas, mejorar la disponibilidad real de diésel en épocas clave -como cosecha y siembra- y desalentar el desvío hacia actividades ilegales que competían con el sector productivo formal.

Compensaciones sociales y debate económico

Para amortiguar el impacto social, el Ejecutivo anunció medidas de protección. Entre ellas, un aumento del 20 % del salario mínimo, que alcanzará los 3.300 bolivianos (US$ 479), y subas del 50 % tanto en la Renta Dignidad como en el bono escolar. Además, se implementará un programa extraordinario de transferencias monetarias para familias vulnerables.

"Esto no es asistencialismo, es un apoyo a familias devastadas", afirmó Paz, atribuyendo la fragilidad económica a decisiones de administraciones anteriores.

Desde el ámbito académico, el economista Luis Fernando Romero Torrejón calificó la medida como necesaria pero políticamente compleja, al señalar que llega en un momento sensible del calendario económico y social.

La fuerte caída del consumo de diésel deja una señal clara para 2026: Bolivia entra en una etapa de precios reales de la energía, con impactos directos sobre la competitividad, el agro y la logística. El desafío será doble: ordenar las cuentas públicas sin asfixiar a los sectores productivos, en un país donde el combustible sigue siendo un factor central para sostener la actividad económica.