Bolivia está atravesando una de sus peores crisis de abastecimiento de combustibles en los últimos años. La escasez de gasolina y diésel se extiende por diversas regiones del país, provocando filas de hasta ocho horas en estaciones de servicio, interrupciones en el transporte público, paralización de actividades productivas y una creciente tensión social en zonas urbanas y rurales.

Los motivos detrás del colapso son múltiples, pero tienen un punto en común: el modelo energético boliviano está mostrando señales de agotamiento. En un país históricamente productor de hidrocarburos, la caída de la producción nacional, la dependencia creciente de las importaciones y un esquema de subsidios que presiona las finanzas públicas han generado una tormenta perfecta.

Según datos oficiales, la producción de líquidos ha disminuido más del 40% en la última década. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal, ha tenido que incrementar la compra de combustibles del exterior para abastecer la demanda interna, que no ha dejado de crecer.

El problema: las reservas internacionales del país se encuentran en mínimos históricos, y el Gobierno no siempre puede pagar en tiempo y forma a los proveedores internacionales. Esto ha generado retrasos en los envíos, desabastecimiento en puertos y cuellos de botella en la logística interna.

En paralelo, el subsidio estatal al precio del combustible -que permite mantener precios artificialmente bajos- se ha vuelto insostenible. Se calcula que el Estado boliviano gasta más de US$ 2.000 millones al año en subsidios energéticos, una cifra que representa una pesada carga para una economía que ya enfrenta desequilibrios fiscales.

"La escasez no es solo un problema logístico. Es estructural. No hay producción suficiente, no hay dólares suficientes y el subsidio ya no se puede sostener en estas condiciones," explicó un analista energético citado por medios locales.

En las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, la situación ya afecta a miles de transportistas, comerciantes y productores agropecuarios. En algunas zonas rurales, el diésel escasea tanto que ya se ha comenzado a racionar por número de placa o por volumen por cliente.

Además, ha surgido un mercado informal de reventa de combustible a precios muy por encima de los oficiales, lo que pone en riesgo la seguridad de los consumidores y agrava la distorsión del sistema. En redes sociales, los usuarios comparten rutas clandestinas de abastecimiento, precios "libres" y denuncias por favoritismo en la distribución.

Desde el Gobierno se han hecho esfuerzos por acelerar las importaciones, gestionar nuevos contratos con proveedores como Venezuela y Rusia, y reforzar la logística interna con caravanas de cisternas. Sin embargo, las medidas no han logrado contener el desabastecimiento, que ya lleva varias semanas.

El impacto económico es evidente. La producción agrícola, el transporte de mercancías y el comercio mayorista dependen del acceso constante al diésel. La falta de combustible ya ha generado aumentos en los costos logísticos, demoras en las entregas y riesgo de desabastecimiento en mercados clave.

Empresarios, gremios transportistas y sectores rurales han solicitado una solución estructural y no solo parches temporales. Algunas voces incluso proponen una revisión del modelo de subsidios y un nuevo pacto energético nacional, que permita transitar hacia una matriz más diversificada y con incentivos reales a la inversión en exploración y refinación.