La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia abrió la puerta a un debate trascendental: la posible abrogación de leyes vigentes que regulan el desmonte en el país. Esta iniciativa, que se tratará próximamente en el hemiciclo, despierta expectativas y también tensiones en el sector agroindustrial, que advierte sobre el posible impacto en la producción y la sostenibilidad ambiental.

La medida responde a la presión de grupos sociales y ambientalistas, que cuestionan la flexibilidad de las actuales normas para autorizar desmontes en tierras agrícolas y ganaderas, argumentando que dichas leyes contribuyen a la expansión de la deforestación y al deterioro de ecosistemas estratégicos, principalmente en la región amazónica y en el oriente boliviano.

Desde el sector productivo, sin embargo, se alertó sobre el riesgo de paralizar proyectos agroindustriales que requieren ampliar sus áreas de cultivo para sostener la producción y atender la creciente demanda de alimentos. "Limitar el desmonte de forma radical podría frenar inversiones y dejar a muchas familias sin oportunidades de trabajo," advirtieron asociaciones del agro, señalando la necesidad de un enfoque equilibrado entre producción y protección ambiental.

En este contexto, se prevé que el debate en la ALP sea intenso y extenso, ya que toca intereses encontrados entre la expansión agrícola y la conservación ambiental. Legisladores oficialistas adelantaron que evaluarán los alcances de la normativa en vigor, buscando alternativas que garanticen la sostenibilidad y al mismo tiempo aseguren la productividad del campo boliviano.

"No podemos seguir perdiendo bosques a este ritmo, pero tampoco podemos condenar al agro a la parálisis," expresó uno de los parlamentarios convocados al análisis, reflejando la complejidad del dilema.

Actualmente, el desmonte está regulado en Bolivia por una serie de disposiciones que establecen procedimientos de autorización, supervisión y sanción. Sin embargo, los críticos sostienen que las leyes resultan permisivas y poco efectivas para frenar la deforestación ilegal, lo que alimenta conflictos sociales y conflictos con comunidades indígenas que reclaman la protección de sus territorios ancestrales.

La discusión también tendrá repercusiones a nivel internacional. Bolivia ha suscrito acuerdos climáticos que obligan al país a cumplir metas de reducción de emisiones y protección de la biodiversidad, metas que podrían verse comprometidas si se flexibilizan aún más las prácticas de desmonte.

Por otro lado, gremios agroindustriales insisten en que cualquier modificación legal debe considerar el contexto productivo nacional. La creciente demanda de alimentos, tanto en el mercado interno como externo, presiona a los agricultores a expandir áreas de siembra, especialmente para cultivos estratégicos como la soya, el maíz y el trigo.

"Una prohibición total de desmontes sería inviable para mantener la competitividad del agro boliviano," remarcaron desde asociaciones de productores, a la espera de que la ALP habilite espacios de diálogo y consulta antes de avanzar con la abrogación.

El Gobierno, en tanto, mantiene una postura de prudencia. Voceros del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras indicaron que acompañarán el debate parlamentario aportando estudios técnicos sobre la situación del desmonte, sus impactos ambientales y la realidad socioeconómica de las zonas productivas.

"Nuestro compromiso es con la producción responsable y la preservación de los bosques," afirmaron, destacando la necesidad de políticas públicas equilibradas que eviten profundizar la tensión social en el campo.

Se espera que el tema sea incluido formalmente en la agenda legislativa durante las próximas semanas. Distintas organizaciones ambientales ya anunciaron que participarán activamente para exigir controles más estrictos y una fiscalización real, mientras el sector agroindustrial prepara propuestas para defender la seguridad alimentaria y el empleo rural.