Bolivia eliminará los subsidios a los combustibles y el agro enfrenta nuevos costos
El acuerdo por US$1.900 millones con el FMI prevé terminar con el esquema en 2027. El diésel vuelve a preocupar a productores y transportistas.
Bolivia acordó eliminar completamente los subsidios a los combustibles hacia 2027 como parte de un programa financiero por US$1.900 millones negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas condiciones fueron dadas a conocer el jueves 10 de septiembre por el gobierno de Rodrigo Paz. La medida todavía debe ser ratificada por el Congreso y adquiere especial importancia para el sector agropecuario porque el diésel constituye uno de los costos centrales de la producción, la maquinaria y el transporte de alimentos en un país que viene atravesando problemas de abastecimiento.
El programa contempla un financiamiento a 36 meses destinado a estabilizar las cuentas de Bolivia después de años de presión sobre las reservas internacionales y dificultades para financiar las importaciones de combustibles. El FMI había anunciado en julio que había alcanzado un acuerdo con el gobierno boliviano, pero recién ahora se conocieron algunas de las condiciones que acompañan el desembolso.
Uno de los puntos centrales establece que el Estado deberá abandonar progresivamente el mecanismo utilizado para mantener los combustibles por debajo de las referencias internacionales. La política había generado una elevada demanda de divisas para importar carburantes y se convirtió en uno de los principales problemas fiscales del país. La eliminación definitiva está prevista para 2027, aunque el recorrido hasta ese momento dependerá de la implementación del programa y de su aprobación legislativa.
El diésel coloca al campo entre los sectores más expuestos
Para la producción agropecuaria, el cambio tiene una consecuencia directa: prácticamente todas las etapas mecanizadas dependen del combustible. Preparación de suelos, siembra, aplicaciones, cosecha y transporte utilizan diésel, por lo que un incremento sostenido del precio puede trasladarse a los costos por hectárea y a los fletes necesarios para llevar la producción hasta industrias y mercados.
El sector ya recibió una primera señal. El gobierno elevó recientemente el precio del diésel para grandes consumidores, categoría que incluye a productores agropecuarios, con el argumento de reducir las distorsiones que favorecían el contrabando hacia países vecinos. La decisión provocó protestas y volvió a instalar la discusión sobre cuánto combustible necesita el aparato productivo y a qué precio puede acceder.
El problema resulta especialmente sensible en Santa Cruz, donde se concentra una parte importante de la agricultura mecanizada boliviana y de la producción de soja, maíz, sorgo, girasol, caña de azúcar y otros cultivos comerciales. Allí, una modificación del costo energético puede tener impacto no solamente sobre las labores agrícolas, sino también sobre la logística de una producción que debe recorrer largas distancias.
También alcanza a la ganadería y a las cadenas alimentarias. El transporte de animales, granos, alimentos balanceados y productos terminados depende de una extensa red de camiones, mientras que numerosos establecimientos utilizan combustible para maquinaria y equipos. Por eso, la discusión sobre el subsidio excede el precio que paga un productor en el surtidor y alcanza la estructura logística del sistema agroalimentario.
El acuerdo por US$1.900 millones todavía debe pasar por el Congreso
La eliminación de los subsidios forma parte de un programa más amplio con el que el gobierno busca recuperar estabilidad financiera. Según las condiciones comunicadas, Bolivia ya no podría compensar indefinidamente con recursos públicos la diferencia entre el precio doméstico del combustible y las referencias internacionales. A cambio, está previsto reforzar determinados programas sociales para amortiguar el efecto de los ajustes sobre los hogares.
La situación quedó expuesta este año cuando el encarecimiento internacional del petróleo volvió a ampliar la brecha entre los valores externos y domésticos. El gobierno decidió absorber nuevamente parte de esa diferencia, mostrando el peso que una variación del crudo puede tener sobre las cuentas públicas de un país dependiente de importaciones para garantizar su abastecimiento.
El ministro de Economía, Christian Morales, defendió el programa al sostener que las decisiones responden a la necesidad de recuperar la economía boliviana y no simplemente a exigencias del FMI. La discusión política, sin embargo, continuará en el Congreso, que todavía debe ratificar el acuerdo antes de que las condiciones financieras entren plenamente en vigor.
Para el agro, una de las variables decisivas será cómo se instrumentará la transición durante 2027 y si existirán mecanismos específicos para los sectores productivos. Una eliminación del subsidio puede reducir el gasto fiscal y las oportunidades de contrabando, pero también expone a agricultores, ganaderos y transportistas a una mayor relación con el precio internacional de la energía.
El resultado dependerá además de la disponibilidad efectiva de combustible. Bolivia atravesó períodos de escasez que obligaron a productores y transportistas a esperar durante horas o días para abastecerse, afectando labores que tienen ventanas operativas estrechas. Para el campo, por lo tanto, el desafío no será únicamente cuánto costará el diésel en 2027, sino garantizar que esté disponible cuando comiencen la siembra, la cosecha y el movimiento de la producción.
