El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció una serie de medidas orientadas a revertir la crisis económica que atraviesa el país, marcando un giro pro-mercado tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). A menos de tres semanas de asumir, el mandatario adelantó que enviará al Congreso proyectos para derogar impuestos y aplicar un fuerte recorte del 30% del gasto federal en el presupuesto 2026.

Entre los tributos que el Ejecutivo pretende eliminar figura el impuesto nacional a la riqueza, creado por el expresidente Luis Arce, y que Paz considera responsable de frenar inversiones por miles de millones de dólares. También busca suprimir el gravamen del 0,3% a las transacciones financieras, que durante años impulsó a la población a evitar el sistema bancario formal y guardar dinero en efectivo.

"Estamos dando las primeras señales de seguridad que el país necesita", afirmó Paz, al explicar que el objetivo es estimular la actividad económica tras años de estancamiento y distorsiones macroeconómicas. Las iniciativas deberán obtener aprobación legislativa antes de entrar en vigor.

La reacción empresarial fue inmediata. "La persecución al sector privado está terminando", celebró Klaus Freking, representante de la principal cámara agropecuaria boliviana, destacando que recuperar seguridad jurídica es clave para destrabar inversiones en agroindustria, exportaciones y servicios logísticos asociados.

Analistas locales valoraron el cambio de dirección, aunque advirtieron que los desafíos estructurales siguen presentes. "El presidente empieza con el pie derecho, pero no está abordando los problemas de fondo", opinó el economista Gonzalo Chávez, en referencia a la persistencia de subsidios a los combustibles y al tipo de cambio fijo que ha generado tensiones por la escasez de dólares.

Fiel a su campaña, Paz promete un programa de ajuste gradual, evitando un shock económico como los vividos en los años '90. Aun así, algunos indicadores muestran una incipiente mejora: las largas filas por falta de combustible se redujeron mientras el Gobierno negocia nuevas importaciones, y los bonos soberanos bolivianos comenzaron a recuperarse en los mercados internacionales.

La relación con Estados Unidos también se recompone tras años de distanciamiento. Washington anunció acuerdos en cooperación nuclear y seguridad, y el Gobierno autorizó el ingreso de Starlink, la empresa de conectividad satelital de Elon Musk, vetada hasta el año pasado.

En paralelo, el Ejecutivo gestiona financiamiento externo: Bolivia ya accedió a USD 3.100 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) -con USD 550 millones desembolsados- y busca hasta USD 9.000 millones adicionales para estabilizar la economía durante los próximos tres años.

Las medidas de Paz apuntan a restaurar credibilidad y reactivar la inversión, en un contexto en el que la economía boliviana enfrenta su peor crisis en cuatro décadas. El Gobierno confía en que la nueva orientación económica, más predecible y con reglas claras, permita recomponer expectativas y atraer capital a sectores estratégicos como energía, infraestructura y agroexportaciones.