La tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos acaba de escalar otro peldaño. Luego de que el gobierno de Donald Trump anunciara la revocación de visados a miembros del Tribunal Supremo de Brasil, la administración de Luiz Inácio Lula da Silva está considerando una serie de represalias que podrían impactar directamente en empresas estadounidenses con operaciones en el país.

Entre las medidas que se evalúan figuran límites al giro de dividendos hacia Estados Unidos, la cancelación de licencias de patentes de medicamentos, y la creación de un impuesto específico a servicios digitales ofrecidos por grandes tecnológicas como Google, Meta o Amazon, con tasas variables según su facturación en Brasil. Todas las iniciativas, no obstante, están supeditadas a la aprobación directa de Lula.

Del conflicto judicial al frente económico

El punto de quiebre fue la decisión del Departamento de Estado norteamericano de revocar visados a magistrados del Supremo brasileño. La medida se conoció luego de que el juez Alexandre de Moraes ordenara un allanamiento al domicilio del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una causa por intento de golpe de Estado.

El gobierno de Trump, que ha mantenido una relación de afinidad con Bolsonaro, consideró esa decisión como una persecución política. En respuesta, aplicó un arancel del 50% a productos brasileños, vigente desde el 1 de agosto, lo que ha encendido las alarmas en Brasilia.

¿Qué puede hacer Brasil?

Aunque el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, negó que se hayan definido acciones concretas, medios como O Estado de S. Paulo y O Globo reportan que hay un debate activo sobre cómo responder sin afectar la estabilidad económica del país.

Además del impuesto digital, se discute un nuevo esquema de impuestos a dividendos girados al exterior para limitar las transferencias desde Brasil hacia casas matrices en EE.UU., especialmente en sectores como energía, retail, banca y tecnología.

Lula endurece el tono

Desde el Palacio del Planalto, Lula dejó clara su postura el sábado, al respaldar a los jueces del Supremo y advertir que su gobierno no aceptará presiones:

"La interferencia de un país en el poder judicial de otro es inaceptable y viola los principios básicos de respeto y soberanía", afirmó en un comunicado.

El presidente brasileño agregó que ninguna amenaza ni acto de intimidación comprometerá la independencia de las instituciones del país.