Brasil endurece las reglas del transporte de cargas y elimina el salario mínimo
El Senado aprobó la nueva ley de transporte de mercancías, eliminó el salario mínimo para camioneros y endureció las sanciones por incumplir las tarifas de flete.
El Senado de Brasil aprobó este martes la reforma que modifica las reglas del transporte de mercancías por carretera, una norma que elimina la propuesta de establecer un salario mínimo de R$ 5.000 para los camioneros de larga distancia, endurece las sanciones por incumplir la tarifa mínima de flete y actualiza los mecanismos de control del sector. El proyecto ahora será enviado al presidente de la República para su promulgación y representa uno de los cambios regulatorios más importantes para la logística brasileña en los últimos años.
La medida provisional MP 1.343/2026 fue transformada durante su trámite legislativo en el Proyecto de Ley de Conversión (PLV 6/2026), luego de recibir modificaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
El Senado eliminó el salario mínimo para los camioneros
Uno de los puntos más debatidos fue la propuesta de crear un salario mínimo nacional de R$ 5.000 mensuales para los conductores profesionales de larga distancia.
La iniciativa no formaba parte del texto original enviado por el Poder Ejecutivo. Fue incorporada por la comisión mixta del Congreso y posteriormente aprobada por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el Senado decidió retirarla al considerar que se trataba de una materia ajena al objeto de la medida provisional. Los senadores Jaime Bagattoli y Tereza Cristina impulsaron la eliminación del artículo, planteo que fue aceptado por el relator Styvenson Valentim.
Para evitar que el proyecto tuviera que regresar a la Cámara de Diputados y pusiera en riesgo los plazos de aprobación, la exclusión fue tratada jurídicamente como una supresión y no como una modificación del texto.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, explicó que antes de la votación se desarrollaron negociaciones entre el Gobierno, parlamentarios y representantes del transporte de cargas para alcanzar un consenso sobre los puntos más controvertidos.
Tereza Cristina sostuvo que mantener el salario mínimo habría generado un problema de constitucionalidad porque el tema no tenía relación con el contenido original de la medida provisional.
Finalmente, el texto establece que los salarios de los camioneros profesionales de larga distancia deberán definirse mediante convenios y acuerdos de negociación colectiva, descartando la creación de un piso salarial nacional por ley.
Nuevas reglas para los fletes y controles más estrictos
La reforma mantiene el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la tarifa mínima del transporte de cargas, incorporando nuevos criterios para calcular los valores del flete.
La Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) deberá elaborar la tabla considerando costos como combustible, neumáticos, mantenimiento, seguros, salarios, impuestos y los tiempos de carga y descarga. La actualización continuará realizándose cada seis meses.
Además, cuando el precio del combustible registre una variación igual o superior al 5%, la ANTT tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para publicar una nueva tabla de referencia.
El proyecto también incorpora nuevas definiciones para determinados vehículos de carga y habilita a la ANTT a trabajar junto con Infra S.A. en el desarrollo de los cálculos utilizados para determinar los costos del transporte.
Multas más severas para quienes incumplan la tarifa mínima
La nueva legislación endurece significativamente las sanciones para las empresas que paguen fletes por debajo de los valores establecidos.
Las compañías reincidentes podrán enfrentar la suspensión de su registro cuando acumulen más de cuatro infracciones en un período de seis meses.
Las multas oscilarán entre R$ 100.000 y R$ 1 millón, mientras que en casos reiterados podrán duplicarse. En las situaciones más graves, el Registro Nacional de Transportistas de Carga por Carretera (RNTRC) podrá ser cancelado por hasta 24 meses.
La norma también mantiene la obligatoriedad del Código de Identificación de la Operación de Transporte (CIOT), fija un plazo máximo de 30 días hábiles para el pago del flete y determina que los transportistas autónomos reciban al menos el 70% del valor de manera anticipada.
Asimismo, el RNTRC deberá renovarse anualmente y podrá gestionarse gratuitamente mediante una plataforma digital del Gobierno Federal.
Amnistía para multas anteriores y cambios en la fiscalización
Otro de los aspectos incorporados por el Congreso fue una amnistía para los camioneros sancionados por los bloqueos de rutas registrados durante las elecciones de 2022.
Según el relator Styvenson Valentim, la medida busca cerrar un capítulo que considera superado y evitar que las sanciones mantengan un carácter punitivo indefinido.
La ley también concede una amnistía administrativa para quienes fueron multados antes de la entrada en vigor de la nueva norma por incumplimientos relacionados con la tarifa mínima del flete o con infracciones por exceso de carga por eje.
En esos casos, las multas pendientes pasarán a convertirse en advertencias, siempre que no existan situaciones de fraude, utilización de documentos falsos u ocultamiento deliberado de información. Los importes ya abonados, sin embargo, no serán reembolsados.
La reforma modifica además los criterios utilizados para controlar el peso de los vehículos de carga.
En camiones con un peso bruto autorizado de hasta 74 toneladas, la fiscalización priorizará inicialmente el peso total del vehículo. Solo cuando ese peso supere en más de un 5% el límite permitido o en otros casos definidos por el Consejo Nacional de Tránsito (Contran), se realizará la medición por eje.
La legislación mantiene la tolerancia del 12,5% sobre el peso por eje, incorpora inspecciones periódicas de tacógrafos y autoriza que la información registrada por esos equipos pueda utilizarse como prueba en infracciones por exceso de velocidad.
Con la aprobación del Senado, Brasil avanza hacia un nuevo marco regulatorio para el transporte de cargas por carretera, un sector estratégico para el agronegocio y responsable de movilizar la mayor parte de la producción agrícola, industrial y minera del país. La norma busca actualizar las reglas de operación, reforzar el cumplimiento de la tarifa mínima y modernizar los mecanismos de fiscalización sin incorporar un salario mínimo nacional para los conductores profesionales.
