La industria frutícola chilena atraviesa uno de los litigios más relevantes de su historia. El caso del Maersk Saltoro, buque que debía transportar a China un cargamento de cerezas y nectarines a fines de 2024, llegó a los tribunales y enfrenta a 95 exportadores nacionales contra la naviera danesa Maersk.

El reclamo, estimado en US$150 millones, surge de la pérdida total de la fruta debido a un retraso de casi un mes en la travesía. El Constitucional de Chile admitió recientemente a trámite una impugnación que cuestiona la validez del fondo de limitación de responsabilidad presentado por la compañía, lo que podría sentar un precedente clave en litigios marítimos del país.

El Saltoro zarpó el 27 de diciembre de 2024 desde el puerto de San Antonio con destino a Nansha, en China, transportando 1.300 contenedores de cerezas -equivalentes a 4,7 millones de cajas- y 53 contenedores de nectarines. Se esperaba un trayecto de 22 a 23 días, acorde a la ventana comercial más importante del año: el Año Nuevo chino.

Sin embargo, una falla mecánica dejó al buque a la deriva cerca de Micronesia durante 22 días. El cargamento llegó a puerto recién el 17 de febrero de 2025, tras 52 días de viaje, superando con creces la vida útil de la fruta.

El 24 de febrero, autoridades sanitarias chinas determinaron que el producto no era apto para el consumo. La destrucción de los primeros lotes comenzó el 11 de marzo, significando la pérdida total de la carga para los exportadores.

Antecedentes de fallas

Este no fue el primer problema del Saltoro. En septiembre de 2024, la Guardia Costera de Estados Unidos ya había detectado acumulación de aceite en su sala de máquinas en Baltimore, así como fallas en el radar en Norfolk. Estos antecedentes refuerzan las sospechas de negligencia en la operación del buque.

La fruta viajaba en condiciones de refrigeración y atmósfera controlada, con una capacidad de conservación de 35 a 40 días. Al momento de arribar, las cerezas acumulaban más de 60 días desde la cosecha, lo que explica el deterioro irreversible.

La disputa legal

Tras el incidente, Maersk solicitó al Quinto Juzgado Civil de Valparaíso la constitución de un fondo de limitación de responsabilidad por US$16,4 millones, calculado según el tonelaje del buque y las normas de servicio.

El monto fue rechazado por los exportadores, quienes sostienen que está muy por debajo de las pérdidas reales. Además, argumentan que el armador no cumplió con demostrar ausencia de negligencia, requisito esencial para acogerse a la limitación.

El estudio Araya & Cía., que representa a 25 de los 95 exportadores afectados, indicó que si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el mecanismo de limitación, se abriría paso a un arbitraje en Chile, anulando las instancias judiciales previas.

Incluso en el escenario en que no prospere la impugnación, la defensa buscará elevar el tope de indemnización, presionando para que se reconozca la magnitud del perjuicio.

El caso expone las vulnerabilidades de la agroexportación chilena, altamente dependiente de ventanas comerciales ajustadas y transporte marítimo confiable. En particular, la cereza se ha convertido en el principal producto de exportación hortofrutícola hacia China, con envíos anuales que superan los US$2.000 millones.

La pérdida de un embarque completo en temporada alta no solo golpea la rentabilidad de los productores, sino que también afecta la imagen país y la confianza de los compradores internacionales.

Además, gran parte de los exportadores no contaba con seguros que cubrieran pérdidas por retrasos, ya que la mayoría de las pólizas solo protege contra accidentes graves como naufragios.

La resolución del caso Saltoro podría marcar un antes y un después en la jurisprudencia marítima chilena. Si se invalida el fondo de limitación de responsabilidad, abriría la puerta a que navieras enfrenten compensaciones mucho más cercanas a los daños reales.

Mientras tanto, el proceso judicial se anticipa largo y complejo, con la expectativa de que no todas las partes queden conformes. Lo cierto es que, más allá del resultado, la controversia expone la necesidad de revisar los mecanismos de cobertura, logística y seguros en la cadena exportadora de fruta fresca de Chile.