La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile impuso una de las sanciones más significativas de los últimos años en el sector acuícola, al multar con CLP 2.330 millones, equivalentes a USD 2,5 millones, a la empresa Sociedad Comercial Agrícola y Forestal Quimeyco Limitada, responsable del centro de cultivo ubicado en la región de La Araucanía. La autoridad constató múltiples infracciones ambientales, incluyendo la modificación del proyecto sin someterlo a evaluación y la operación por encima de los límites autorizados entre 2015 y 2019.

De acuerdo con la SMA, Quimeyco excedió de forma consistente y significativa los topes permitidos para biomasa, consumo de alimento y generación de lodos, lo que alteró completamente el diseño aprobado en la resolución ambiental original. El centro tenía autorización para producir un máximo de 120 toneladas anuales, además de la obligación de filtrar sus efluentes mediante equipos rotatorios antes de verterlos al río Carhuello, cuya cuenca mantiene un caudal promedio cercano a los 3.500 litros por segundo. El aumento no autorizado de actividad provocó malos olores, descargas sobre los parámetros establecidos y riesgos de contaminación que hoy están siendo investigados.

La empresa dispone de 10 días hábiles desde la notificación para pagar la multa ante la Tesorería General de la República, una señal de presión regulatoria que coincide con el proceso de fortalecimiento del control ambiental sobre pisciculturas de agua dulce en todo el país. La autoridad ha reforzado en los últimos años la vigilancia sobre estos proyectos por su creciente impacto acumulativo en ríos y lagos, especialmente en regiones donde la salmonicultura ha aumentado su capacidad productiva.

El caso de Quimeyco no es aislado. Un tribunal ambiental ordenó recientemente la paralización total de obras en la piscicultura de Salmones Antártica, un proyecto de USD 17 millones ubicado en el río San Pedro, región de Los Ríos. Comunidades y organizaciones locales habían alertado sobre posibles daños irreversibles si la instalación comenzaba a operar. La decisión judicial fue respaldada por autoridades regionales, incluido el senador Alfonso de Urresti, quien afirmó que lo ocurrido demuestra que "los territorios deben ser respetados y que las decisiones ambientales no pueden imponerse sin considerar a las comunidades ni la protección de los ecosistemas".

La combinación de sanciones, paralizaciones y mayor escrutinio público refleja un cambio de clima regulatorio en torno a la salmonicultura continental, una actividad que enfrenta crecientes exigencias para minimizar su huella ambiental. El sector, que históricamente ha operado con una fiscalización intermitente, se ve ahora obligado a reforzar sus sistemas de tratamiento, reportabilidad y monitoreo, en un escenario donde los ríos del sur de Chile se han convertido en objeto de especial vigilancia tanto científica como social.