El debate por la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), contempladas en la Ley 2294 de 2023, escala a nuevos niveles de tensión. Lo que comenzó como críticas aisladas de algunos municipios se convirtió en un frente cada vez más amplio de rechazo que une a gobernadores, alcaldes y organizaciones campesinas. Todos ellos piden a la Corte Constitucional que declare inexequible la norma, argumentando que vulnera derechos y desconoce las realidades productivas de las regiones.

En los últimos días, el norte del Tolima fue escenario de un encuentro entre comunidades rurales y autoridades de más de ocho municipios, quienes expresaron su inconformidad directamente a delegados del Ministerio de Agricultura y de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra). Los participantes calificaron la medida como una forma de "expropiación disfrazada", que trasladaría al Gobierno la potestad de decidir qué y cómo producir en tierras privadas, debilitando la autonomía de los productores y poniendo en riesgo sus ingresos.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó ante la Corte sus argumentos en defensa de las Appa, resaltando que el objetivo central es garantizar la seguridad alimentaria del país y preservar suelos agrícolas fértiles frente al avance de la urbanización y la expansión de otros usos. Sin embargo, varias delegaciones regionales afirmaron no haber sido escuchadas durante la formulación de la política.

Reclamos desde el territorio

La alcaldesa de Herveo, Tolima, Gina Vanessa Silva, fue enfática al señalar que las decisiones se han tomado sin tener en cuenta la voz de las regiones. "Me hubiera encantado que la ministra estuviera presente para que conociera de primera mano la realidad de nuestros territorios. Agradezco a los magistrados por darnos voz a quienes desde las regiones sufrimos las consecuencias de decisiones tomadas desde fríos escritorios capitalinos, que pretenden definir nuestro destino sin consultarnos", afirmó.

En la misma línea, el alcalde de Falan, Forney Munevar, criticó la falta de participación de las administraciones locales en el diseño de la medida. "Desde el inicio, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y la Upra, ha trabajado sin contar con nosotros. Como municipio, no hemos sido tenidos en cuenta. Solo vienen a informarnos, nunca nos han pedido opiniones ni han visitado nuestras veredas", expresó.

Organizaciones sociales también se sumaron al debate. Para Amparo Galvis, representante de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Empoderadas de Falan, la discusión no es sobre el fin último de la política, sino sobre su diseño. "No nos oponemos a la seguridad alimentaria. Nadie puede negar que hay hambre en Colombia. Pero esta política debe replantearse. Las Appa, tal como están concebidas, no van a funcionar en el contexto rural", advirtió.

El malestar no se limita al Tolima. Otros departamentos han comenzado a organizarse para presentar ante la Corte sus propias demandas. El argumento central es que las Appa limitan la capacidad de los municipios para decidir sobre el uso de su suelo agrícola y generan incertidumbre sobre la inversión en el campo.

Vale recordar que el Ministerio de Agricultura y la Upra ya han declarado varias zonas de este tipo, como ocurrió con más de 1.900 hectáreas en Sopó, Cundinamarca, decisión que también generó protestas de autoridades locales y productores.

El pulso ahora está en manos de la Corte Constitucional, que deberá definir si la norma respeta el equilibrio entre la seguridad alimentaria nacional y la autonomía territorial. Mientras tanto, las comunidades rurales siguen expresando su temor de que el Estado avance sobre decisiones productivas que históricamente han estado en manos de los agricultores y gobiernos locales.