Congresistas impulsan una bancada agropecuaria para dar peso legislativo al campo colombiano
Parlamentarios de distintos partidos buscan articular una agenda rural sólida para mejorar seguridad jurídica, proteger el territorio productivo y ordenar las políticas del sector.
En un país donde el sector rural aporta el 6,3% del PIB y sostiene millones de empleos, la idea de conformar una bancada agropecuaria empezó a tomar fuerza como una necesidad estratégica y no solo como una aspiración gremial. Congresistas de distintas bancadas se dieron cita para avanzar en una agenda común que permita darle al campo una voz estructurada dentro del Congreso.
Los legisladores Juan Felipe Lemos, Juan Fernando Espinal, Carlos Fernando Motoa y Juan Daniel Peñuela coincidieron en que la ausencia de una bancada formal ha dejado al sector expuesto a decisiones dispersas, sin enfoque técnico ni análisis estratégico.
Lemos, senador del Partido de la U, recordó que Colombia jamás ha tenido una bancada agropecuaria institucionalizada, y que esa falta de coordinación ha permitido la inclusión de artículos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que afectan directamente la vocación productiva de algunas regiones. Entre ellos, la creación de las Appa y Zappa, figuras que, según el senador, generan incertidumbre en zonas agrícolas clave como el Suroeste antioqueño.
Un sector que sostiene empleo y exportaciones
Motoa, senador de Cambio Radical, recordó que la ocupación rural representa el 14% del empleo nacional, y que los productos agrícolas marcaron presencia destacada en las exportaciones de 2024. Insistió en que el Congreso necesita ordenar iniciativas dispersas, y que la defensa del campo debe asumirse como una política económica y social:
"Si garantizamos condiciones al productor, fortalecemos la economía y evitamos la migración forzada hacia las ciudades".
Espinal, representante a la Cámara por Antioquia, fue más tajante al señalar que Colombia atraviesa un "punto de quiebre". Para él, la bancada debe convertirse en un espacio que articule seguridad alimentaria, energética y territorial, con una estructura similar a la existente en países como Brasil.
Peñuela añadió que el proyecto no debe limitarse a congresistas:
"La bancada tiene que incluir al sector privado, la academia y los productores. El campo necesita instituciones sólidas y planificación, no solo más recursos".
La jurisdicción agraria, una línea roja
Uno de los temas más tensos del encuentro fue el debate sobre la jurisdicción agraria y las facultades propuestas para la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Lemos aseguró que no existe ambiente político para aprobar el artículo.
Espinal fue categórico:
"No podemos entregarle a un funcionario la competencia de los jueces. Ese artículo lo vamos a eliminar".
Motoa sumó que la ley ordinaria no puede usarse para imponer criterios ideológicos, y criticó que la política de paz total haya dejado varias zonas rurales bajo control de grupos criminales, generando inseguridad jurídica y física para productores.
Peñuela recordó que, pese a ser minoría, han logrado frenar decisiones que comprometen la institucionalidad, y afirmó que no permitirán que la jurisdicción agraria avance en la forma propuesta.
El estado de las vías terciarias también ocupó parte del debate. Los congresistas señalaron que el Gobierno prometió intervenir 33.000 kilómetros, pero solo se ha cumplido alrededor del 10%.
Peñuela atribuyó este rezago a la rotación constante de ministros y directores, que frena la ejecución. Lemos consideró que la inversión en vías ha sido improvisada y politizada, mientras Motoa pidió descentralización fiscal real para que los territorios puedan atender sus necesidades.
Un consenso: el campo necesita una bancada sólida
A pesar de las diferencias partidarias, los congresistas concordaron en que la creación de una bancada agropecuaria robusta es indispensable para:
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defender la producción nacional,
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blindar la seguridad jurídica del territorio rural,
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ordenar las políticas públicas,
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y asegurar que el campo tenga un peso real en la agenda legislativa.
El encuentro dejó claro que el desafío no es solo presupuestal: lo que requiere el sector es institucionalidad fuerte, visión técnica y coordinación política para que las decisiones del Congreso respondan a las necesidades del campo y no a coyunturas de corto plazo.

