El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a instalar en la agenda pública la discusión sobre la estructura de la propiedad rural y la productividad agrícola, al proponer un incremento del impuesto a los latifundios improductivos como herramienta para dinamizar la economía del campo.

El mandatario sostuvo que la medida no busca afectar a quienes trabajan la tierra ni a los pequeños y medianos productores, sino a los grandes propietarios que mantienen extensiones fértiles sin producción efectiva. Según Petro, elevar la carga tributaria sobre esos predios incentivaría su uso productivo, abarataría los arriendos rurales y estimularía la producción agraria en municipios con alto potencial desaprovechado.

"Hay que labrar la tierra fértil y no vivir de la renta de la tierra", afirmó el jefe de Estado, al defender una reforma que, en su visión, permitiría reactivar economías locales y ofrecer oportunidades a jóvenes rurales, reduciendo la migración hacia centros urbanos.

La propuesta se produce en un contexto marcado por la actualización catastral rural, proceso que ha generado tensiones entre el Gobierno y distintos gremios agropecuarios por su impacto fiscal. Desde el sector ganadero, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, alertó que en algunos municipios los avalúos catastrales para 2026 podrían incrementarse más de 1.000%, lo que implicaría un aumento sustancial del impuesto predial.

Lafaurie solicitó una reunión con el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para revisar los efectos de la normativa vigente. El dirigente subrayó que cerca del 82% de los productores ganaderos son pequeños propietarios, quienes podrían enfrentar mayores cargas en un escenario de márgenes ajustados y costos crecientes.

El gremio sostiene que la ganadería colombiana opera en un entorno complejo, caracterizado por problemas de infraestructura vial, inseguridad rural y acceso limitado a servicios públicos. Estos factores inciden directamente en la competitividad y en la capacidad de inversión de los productores.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, la tributación diferenciada sobre tierra improductiva busca corregir distorsiones históricas en la estructura agraria colombiana, donde amplias superficies permanecen subutilizadas. La intención es generar incentivos económicos para que esas tierras ingresen al circuito productivo, incrementando la oferta agrícola y fortaleciendo la seguridad alimentaria.

La discusión también se vincula con metas de desarrollo territorial. El Gobierno plantea que un uso más eficiente del suelo podría impulsar economías regionales, ampliar el empleo rural y mejorar la recaudación municipal, especialmente en zonas con altos niveles de pobreza.

No obstante, los gremios insisten en que cualquier modificación tributaria debe aplicarse con criterios técnicos claros y diferenciados, evitando impactos desproporcionados sobre productores que sí mantienen actividad económica en sus predios. También reclaman mayor claridad sobre los mecanismos de cálculo de los nuevos avalúos y sobre posibles esquemas de gradualidad en la implementación.

El debate abre un nuevo capítulo en la política agraria de Colombia, en el que convergen tributación rural, concentración de la tierra, productividad, ganadería y desarrollo territorial. La definición del alcance de la medida y su articulación con la actualización catastral serán determinantes para el clima de inversión y para la estabilidad del sector agropecuario en los próximos años.