La firma del reciente acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones de arroceros en Colombia, destinado a garantizar precios mínimos y apoyo logístico a los cultivadores, ya empieza a mostrar efectos colaterales. La industria molinera, representada por Induarroz, expresó su profunda preocupación por el impacto que esta medida tendría sobre el funcionamiento del mercado.

Según el gremio, las condiciones pactadas "rompen el balance natural entre oferta y demanda", al establecer precios y condiciones que distorsionan los incentivos comerciales y podrían generar sobrecostos innecesarios para el consumidor final.

Una intervención que, según el sector privado, cambia las reglas de juego

Induarroz sostiene que el pacto no se construyó con participación de la industria transformadora, y que sus efectos pueden traducirse en pérdida de competitividad, acumulación de inventarios y desplazamiento de arroz nacional frente a importaciones en el mediano plazo.

Además, alertan que este tipo de medidas podría ahuyentar futuras inversiones en infraestructura de molienda, almacenamiento y distribución, ya que las condiciones se vuelven impredecibles para los operadores privados.

Desde el Ministerio de Agricultura, en cambio, sostienen que el acuerdo fue necesario para evitar una crisis social y económica entre pequeños y medianos productores, que venían acumulando pérdidas por bajos precios, altos costos de producción y retrasos en la comercialización.

El acuerdo contempla medidas como el almacenamiento público del grano, apoyo en transporte y mecanismos de compra anticipada, lo cual fue celebrado por los gremios campesinos como un triunfo frente al riesgo de quebranto generalizado en el sector.

El debate queda abierto entre quienes valoran la medida como una contención coyuntural para proteger a los productores, y quienes la ven como una señal de incertidumbre para el funcionamiento libre del mercado arrocero en Colombia.