El Gobierno de Gustavo Petro se encuentra en un momento de tensión política al intentar mantener vivo el consenso parlamentario que permitió aprobar, en 2024, las bases para la creación de la nueva jurisdicción agraria y rural, producto del Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas FARC. Sin embargo, una reciente demanda de inconstitucionalidad presentada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ante la Corte Constitucional amenaza con poner en jaque ese entendimiento.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, alertó que la solicitud de la ANT busca suprimir la fase judicial de los procesos agrarios, permitiendo que la entidad administrativa actúe directamente sobre baldíos o predios rurales sin intervención de un juez. "El Gobierno pretende romper los acuerdos que logramos en diciembre sobre la jurisdicción agraria y revivir la extinción de dominio exprés", advirtió.

Un consenso amenazado por la demanda administrativa

El proyecto de jurisdicción agraria fue concebido como una herramienta para resolver los conflictos de tierras que atraviesan el campo colombiano y que son esenciales para cumplir con los compromisos de paz. La Corte ya había dado luz verde a la creación de esta nueva jurisdicción en 2024, pero la nueva demanda reaviva el debate sobre los límites entre lo judicial y lo administrativo.

El Ejecutivo insiste en que su intención es agilizar la administración de justicia agraria, reduciendo los tiempos de respuesta para campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes que esperan definiciones sobre acceso a la tierra. Sin embargo, la oposición teme que los cambios debiliten las garantías judiciales y abran la puerta a posibles abusos.

El Gobierno enfrenta así el reto de no romper el acuerdo político alcanzado con la oposición, que permitió aprobar el proyecto en el Congreso. Legisladores del Centro Democrático y de otros partidos advierten que, si el Ejecutivo insiste en reformar la vía judicial sin consenso, el debate podría reabrirse y frenar su implementación.

Para el Gobierno de Petro, la jurisdicción agraria representa un pilar central de la reforma rural integral, uno de los puntos más sensibles del Acuerdo de Paz. Sin embargo, el discurso de la "expropiación exprés", impulsado por sectores opositores, ha generado un clima de desconfianza que obliga al Ejecutivo a actuar con cautela y transparencia.

El desafío inmediato será mantener el diálogo político y garantizar que la nueva jurisdicción funcione como un instrumento de justicia y desarrollo rural, no como un mecanismo de intervención sobre la propiedad privada. El futuro de este proyecto dependerá de la capacidad del Gobierno y del Congreso para preservar el consenso y avanzar en una reforma que lleva años postergada.