El malestar crece entre los productores de cacao en Colombia. Organizaciones de cacaoteros de distintas regiones del país han comenzado a discutir la posibilidad de un paro nacional, ante lo que consideran un escenario de precios injustos, abuso de poder de los intermediarios y falta de respuestas por parte del gobierno.

La denuncia principal apunta al control del mercado por parte de unos pocos compradores, que definen los precios de compra sin una regulación clara ni condiciones equitativas. A pesar de que el cacao colombiano goza de reconocimiento internacional por su calidad, los productores aseguran que los pagos en finca no alcanzan a cubrir los costos de producción.

"Nos pagan a $8.000 el kilo, pero en el mercado internacional el cacao se cotiza a más de $14.000. La diferencia se la quedan los intermediarios", afirmó un productor del Huila. Las quejas se repiten en Santander, Arauca, Tolima y Nariño, donde muchos pequeños productores dependen exclusivamente del cacao como fuente de sustento.

Una cadena que favorece a pocos y castiga al campo

Según voceros del sector, la concentración del mercado ha reducido el margen de maniobra de los agricultores, que deben vender a quien llega con camión y paga al contado, sin posibilidad de negociación ni contratos transparentes. Esto reproduce relaciones desiguales, donde el productor asume todo el riesgo y el acopiador se queda con la mayor ganancia.

A este panorama se suma la falta de políticas efectivas de apoyo, como subsidios, acceso a crédito blando, asistencia técnica o esquemas de comercialización directa. Varios gremios reclaman que, a pesar del discurso gubernamental sobre el "campo como motor de desarrollo", no se han dado soluciones estructurales para mejorar la rentabilidad del sector cacaotero.

"Llevamos años exigiendo mesas técnicas, precios de referencia justos y canales de exportación directa. No queremos intermediarios que se queden con lo que no siembran ni cosechan", declaró un representante regional.

La amenaza de paro cobra fuerza luego de varias asambleas territoriales y se mantendrá en análisis en los próximos días. El llamado de los productores es claro: o hay respuestas concretas del Estado, o habrá movilización.

En paralelo, también se exige mayor vigilancia sobre prácticas especulativas, transparencia en las compras y una política nacional de comercialización que evite que los productos agropecuarios sigan en manos de monopolios silenciosos.