Colombia vuelve a ocupar un asiento en el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), después de 30 años de ausencia, un paso considerado clave para fortalecer su voz en la definición de políticas globales de seguridad alimentaria, desarrollo rural y agricultura sostenible.

Este regreso, oficializado en la reciente sesión del organismo, consolida la presencia colombiana en espacios de decisión internacional, permitiendo al país participar de forma activa en la construcción de estrategias para enfrentar desafíos globales como el hambre, el cambio climático y el acceso equitativo a alimentos.

El Consejo de la FAO es uno de los órganos de gobierno más relevantes de la organización, responsable de supervisar la gestión del Director General, aprobar programas de trabajo y presupuestos, y definir orientaciones estratégicas para los 194 Estados miembros.

Voceros del Ministerio de Agricultura de Colombia destacaron que este logro representa una oportunidad para compartir experiencias exitosas del país, entre ellas los avances en agricultura familiar, sostenibilidad productiva y reducción de la pobreza rural, así como para aprender de las mejores prácticas internacionales en temas de transformación agroalimentaria.

"Volver al Consejo de la FAO nos devuelve protagonismo y nos compromete a liderar políticas responsables y sostenibles para la alimentación mundial," señaló la cartera agropecuaria.

En la región, el retorno de Colombia fue recibido con satisfacción, dado que se refuerza la representación latinoamericana en los debates técnicos y políticos que definen líneas de cooperación e inversión para enfrentar la inseguridad alimentaria.

Desde la FAO, también valoraron el retorno de Colombia como un gesto de compromiso y confianza hacia la comunidad internacional, y destacaron que su experiencia será valiosa para promover una transformación inclusiva y sostenible de los sistemas alimentarios.

La reincorporación coincide con un momento crucial, en el que Colombia trabaja para reimpulsar su producción agrícola, potenciar las exportaciones y consolidar cadenas de valor más resilientes frente a las amenazas del cambio climático.

La expectativa oficial es que esta nueva etapa de participación activa permita generar alianzas, financiamiento y asesoría técnica, para acelerar proyectos de desarrollo rural que impacten positivamente a las comunidades más vulnerables.