El 26 de enero de 2026, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador informó que la superficie cultivada de frijol alcanzó las 12.500 manzanas durante el ciclo agrícola 2025/2026, con una producción de 287.500 quintales. Este crecimiento responde a programas estatales destinados a garantizar autosuficiencia alimentaria, reducir la dependencia de importaciones y estabilizar los precios de este grano esencial en la dieta salvadoreña.

El Salvador, históricamente dependiente de frijol importado, especialmente desde Nicaragua, apunta a revertir esta tendencia a través de una política agrícola integral. Esta apuesta incluye el fortalecimiento de los cultivos de maíz y frijol, junto con la introducción progresiva de hortalizas como tomate, pepino, papa y chile verde.

Según datos del MAG, ya se han sembrado 2.300 manzanas bajo riego y en humedales, como parte del objetivo de alcanzar 20.000 manzanas de frijol para 2026. El plan también contempla la incorporación futura de sorgo.

Uno de los pilares de esta estrategia es la instalación de 10 nuevos agromercados, que se suman a los 60 ya existentes en diversas regiones. Estos espacios no solo facilitan la venta directa, sino que también brindan asistencia técnica e insumos, promoviendo una cadena de valor más eficiente y resiliente.

El rendimiento promedio alcanza los 23 quintales por manzana, con picos de hasta 35, gracias a semillas certificadas, insumos de calidad y asistencia técnica constante. El funcionario del MAG, Mateo Rendón, destacó: "Sorteamos la sequía y de 500 manzanas produjimos casi 15 mil quintales que salieron al mercado en agosto, manteniendo los precios estables".

Este relanzamiento del sector agrícola ocurre tras una crisis reciente en la producción local de frijol, agravada por la variabilidad climática y limitaciones técnicas, que encarecieron el grano y generaron tensiones sociales.

Ahora, con un enfoque en sustentabilidad, trazabilidad y resiliencia, El Salvador busca garantizar el abastecimiento interno, diversificar cultivos y fortalecer sus cadenas agroalimentarias. El modelo de intervención estatal, en alianza con la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, puede sentar las bases para una mayor competitividad regional frente a los desafíos del comercio agrícola global.