El nuevo Farm Bill estadounidense no solo redefine el rol del agro en la economía, sino que lo ubica en el centro de la estrategia de defensa nacional. La ley, impulsada por legisladores republicanos y demócratas, propone un marco legal en el que las decisiones sobre semillas, fertilizantes, tierras e inversiones extranjeras se entrelazan con consideraciones de seguridad nacional. El giro es tan fuerte como simbólico: la agricultura ya no es vista únicamente como un sector productivo, sino como un frente geopolítico en disputa.

La preocupación central es la creciente dependencia de insumos agrícolas provenientes de China, particularmente fertilizantes, agroquímicos y principios activos esenciales. En un contexto global donde las tensiones comerciales se agudizan y la resiliencia de las cadenas de suministro se vuelve prioritaria, el Congreso de EE.UU. busca reducir esa vulnerabilidad. Se trata, como lo definieron sus impulsores, de "evitar que los enemigos del país conviertan los alimentos en un arma". Bajo esta lógica, el nuevo proyecto de ley contempla prohibiciones selectivas, mayores controles de origen y límites a las inversiones extranjeras en tierras agrícolas, especialmente aquellas cercanas a infraestructuras críticas.

Este escenario plantea profundos desafíos y ajustes para América Latina, uno de los principales socios agroalimentarios de Estados Unidos. Exportadores de soja, frutas, café, carne y productos procesados podrían enfrentar nuevas barreras no arancelarias bajo el argumento de garantizar la "seguridad del agro estadounidense". Entre ellas se anticipan nuevas exigencias fitosanitarias, trazabilidad reforzada y controles más estrictos sobre componentes importados. Países con alta dependencia del mercado estadounidense deberán acelerar la diversificación de destinos comerciales, con miras a fortalecer relaciones con la Unión Europea, Asia y bloques regionales como MERCOSUR o la Alianza del Pacífico.

A su vez, la tecnificación y digitalización del agro en América Latina se vuelve aún más crucial. Frente a un contexto normativo más exigente, los países de la región deberán invertir en biotecnología, agricultura de precisión y certificaciones internacionales, si quieren mantener su competitividad en las cadenas globales de valor. Los organismos multilaterales como la FAO, el IICA y el BID serán aliados estratégicos en este proceso, no solo para financiar mejoras tecnológicas e infraestructura logística, sino también para facilitar la adaptación a nuevas reglas del juego comercial.

Otro elemento clave es la creciente conexión entre subsidios agrícolas, incentivos fiscales y estrategias de defensa. El Farm Bill 2025 refuerza el respaldo financiero a productores estadounidenses, lo que podría profundizar asimetrías competitivas frente a exportadores latinoamericanos que carecen de similares niveles de apoyo estatal. Este punto, históricamente polémico en la OMC, podría reactivarse con nuevas disputas sobre prácticas distorsivas y competencia leal en los mercados globales.

Más allá de las tensiones, el nuevo enfoque estadounidense abre oportunidades para el agro latinoamericano. En la medida en que EE.UU. restringe algunas fuentes de insumos, podrían abrirse espacios para productores regionales que ofrezcan alternativas viables, certificadas y confiables. La clave estará en generar productos con mayor valor agregado, trazabilidad y estándares sostenibles, alineados con las nuevas demandas internacionales. La huella hídrica, de carbono y las prácticas regenerativas serán activos estratégicos para insertarse con fuerza en esta nueva fase del comercio agroalimentario.