El 10 de febrero de 2026, Transparencia Internacional publicó su esperado Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, y los resultados para América Latina encendieron las alarmas: la región alcanzó un promedio de 42 puntos sobre 100, reflejando un estancamiento crítico en la lucha contra la corrupción. El informe muestra que 12 de los 33 países latinoamericanos han empeorado considerablemente desde 2012, lo que evidencia una tendencia regresiva en materia de transparencia, justicia y democracia.

Uruguay se mantiene como el país mejor calificado de la región, con 73 puntos, seguido por Chile (63) y Costa Rica (56). Sin embargo, estos países también experimentaron leves caídas respecto al IPC de 2024, lo que revela que ni siquiera las democracias más sólidas están exentas de riesgos vinculados a redes de corrupción y crimen organizado.

En el otro extremo del ranking, Venezuela (10 puntos), Nicaragua (14) y Haití (16) vuelven a ocupar los últimos lugares, con índices extremadamente bajos que reflejan corrupción estructural, represión estatal y ausencia de controles institucionales independientes. Según el informe, estos entornos están marcados por instituciones cooptadas y ausencia de libertades cívicas, lo que favorece un círculo vicioso de impunidad.

Uno de los datos más preocupantes del IPC 2025 es que solo dos países lograron mejorar de forma significativa: Guyana (40 puntos) y República Dominicana (37). Ambos han fortalecido marcos institucionales y han impulsado políticas activas contra la corrupción. El resto de la región, en cambio, muestra una fuerte tendencia al estancamiento o deterioro.

La corrupción también se hace evidente en áreas críticas como la educación, la salud y la asistencia social. En Perú, por ejemplo, la fiscalía investiga sobornos en programas de alimentación escolar para eludir controles sanitarios. En Argentina, se desarrollan pesquisas sobre el presunto desvío de fondos destinados a medicamentos para personas con discapacidad.

Luciana Torchiaro, consejera regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, advierte que "la lucha contra la corrupción debe volver al centro de la agenda pública", señalando que es necesario proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en contrataciones públicas y garantizar una justicia independiente y eficaz. Además, destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional, cerrar vacíos legales y perseguir flujos de dinero ilícito que atraviesan fronteras sin control.

Casos como México (27 puntos), Colombia (37) y Brasil (35) evidencian cómo la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política, socavando el Estado de derecho y generando escenarios de impunidad creciente. El informe también alerta sobre un deterioro en la transparencia en países como El Salvador (32) y Ecuador (33), donde se han restringido libertades cívicas, obstaculizando la labor de ONG y medios de comunicación independientes.

El comparativo con el informe 2024 refuerza esta lectura: Uruguay, Costa Rica, Colombia, Argentina y Perú han perdido puntos, mientras que el grueso de los países se mantuvo estancado. Venezuela, Nicaragua y Haití repiten sus bajos puntajes sin variación, consolidando su posición crítica.

En conclusión, el IPC 2025 no solo revela una fotografía preocupante del estado de la corrupción en América Latina, sino que también muestra el vínculo directo entre gobernabilidad, transparencia, acceso a servicios básicos y calidad democrática. La región enfrenta un desafío urgente: recomponer instituciones, fortalecer la justicia y blindar las democracias ante la penetración de intereses ilícitos. La credibilidad internacional, el desarrollo económico y el bienestar de la ciudadanía dependen de ello.

Ranking de Percepción de Corrupción en América Latina (IPC 2025)

(A mayor puntaje, menor percepción de corrupción; escala de 0 a 100) 

Fuente: Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2025.