La empresa Chiquita Panamá, subsidiaria de la multinacional Chiquita Brands, confirmó el despido definitivo de 1.189 trabajadores el 18 de julio de 2025, alegando "causa económica", en un cierre que impacta no solo a Bocas del Toro sino a todo el ecosistema agroexportador de Panamá. Esta decisión llega pese a las conversaciones en curso con el Gobierno panameño, que aspiraba a la reactivación de las operaciones y la reincorporación de más de 5.000 empleados desvinculados en mayo.

Un Conflicto que Traspasa lo Laboral

La situación tuvo su origen en la huelga nacional del 28 de abril, donde los trabajadores bananeros se sumaron a las protestas contra la reforma de la Caja del Seguro Social. La declaración de ilegalidad de la huelga por parte del juzgado laboral permitió a la empresa proceder con despidos por abandono de trabajo, un hecho que profundizó el malestar social y deterioró las relaciones laborales en la región.

Repercusiones en la Cadena Agroalimentaria

Este cese de operaciones representa un freno sustancial a las cadenas de valor agroalimentarias de Panamá, impactando los flujos comerciales y la balanza comercial agrícola del país. Según Chiquita, las pérdidas alcanzaron los US$75 millones, incluyendo daños irreversibles a las plantaciones. La empresa señala que el 20% de las fincas bananeras fueron afectadas, comprometiendo seriamente su capacidad exportadora.

Incertidumbre en Medio del Diálogo

Lo paradójico del escenario es que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), liderado por Julio Moltó, confirmó que continuaban las negociaciones con Chiquita para lograr su permanencia en Panamá. El anuncio de nuevos encuentros no logró frenar la decisión empresarial, dejando en entredicho el alcance de la interlocución público-privada y generando dudas sobre la resiliencia institucional para sostener operaciones clave en el agro panameño.

Implicaciones Regionales

El caso Chiquita expone la vulnerabilidad del comercio agrícola latinoamericano ante conflictos laborales, falta de mecanismos eficaces de resolución, y el riesgo empresarial en contextos de inestabilidad social. La región, que aspira a fortalecer su integración a través de acuerdos como el MERCOSUR, la Alianza del Pacífico o incluso T-MEC, debe atender estos episodios como alertas para reforzar la seguridad jurídica, la infraestructura productiva y la estabilidad de las exportaciones agroalimentarias.

El cierre de operaciones de Chiquita Panamá no solo deja a miles de familias sin sustento, sino que representa un golpe estructural a la agroindustria latinoamericana, que busca posicionarse como un actor confiable en el escenario alimentario global. Superar esta crisis demandará cooperación regional, inversión en sustentabilidad laboral y marcos que promuevan la confianza empresarial sin comprometer los derechos de los trabajadores.