La Gobernación de La Habana anunció esta semana un nuevo esquema de precios máximos para productos agropecuarios en la capital cubana, una disposición que intenta estabilizar el mercado en un escenario marcado por la inflación, la falta de alimentos y los apagones.

La resolución firmada por la gobernadora Yanet Hernández Pérez establece tres escalas de precios: una para mercados estatales, otra para ferias agrícolas y una tercera para los espacios de oferta-demanda, cooperativas y vendedores callejeros. El objetivo oficial es crear una estructura uniforme de precios en toda la provincia, aunque en la práctica los valores difieren según el punto de venta.

Un mismo producto, tres precios distintos

Con el nuevo esquema, alimentos básicos como la yuca y la batata se venden a 30 pesos cubanos (CUP) por kilo en mercados estatales, pero alcanzan 45 CUP en puntos de oferta-demanda, mientras que en ferias agrícolas se reducen a 25 CUP.

Lo mismo sucede con el plátano, que oscila entre 35 CUP en el canal estatal, 50 CUP en la venta callejera y 25 CUP en ferias. Otros productos muestran disparidades aún mayores: la cebolla seca, por ejemplo, cuesta 200 CUP en ferias y hasta 250 CUP en mercados privados o vendedores informales, lo que equivale a unos 10 dólares por kilo al cambio oficial.

Los frijoles y el arroz de consumo también quedaron bajo regulación. En ferias, los frijoles se mueven entre 196 y 285 CUP, mientras que en el resto de los mercados llegan al tope de 285 CUP. El arroz se fija en 155 CUP por kilo en todos los canales autorizados.

La medida se implementa tras varios operativos policiales contra la venta informal en distintos municipios de la capital, con decomisos de mercancías, multas y arrestos. Estas acciones, enmarcadas en el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, generaron críticas entre la población.

"Persiguen a quienes intentan ganarse la vida vendiendo lo que el Estado no garantiza", comentó un habanero en redes sociales, reflejando el malestar social ante las restricciones. Para muchos residentes, los vendedores callejeros continúan siendo la fuente más confiable de acceso a viandas, frutas y granos, aunque implique riesgos de sanciones.

Entre la intención oficial y la realidad

El nuevo esquema reemplaza regulaciones anteriores, como la Resolución 69 de abril de 2025, y busca contener los aumentos de precios en un momento de alta fragilidad económica. No obstante, la efectividad de la medida dependerá de la capacidad de abastecimiento en los mercados estatales, tradicionalmente menos surtidos que los puntos de oferta-demanda o las cooperativas.

El contraste es evidente: los mercados bajo gestión oficial ofrecen precios más bajos pero con góndolas casi vacías, mientras que los vendedores callejeros, aunque mejor abastecidos, deben operar en un marco de mayor control y con precios superiores.

En este contexto, la política de topes de precios aparece como un intento de equilibrar la balanza entre productores, intermediarios y consumidores, pero no resuelve las causas de fondo: la insuficiente producción nacional, los altos costos logísticos y la inestabilidad del suministro eléctrico, que afecta tanto la conservación como la distribución de los alimentos.