El conflicto por el agua y el desarrollo rural vuelve a tensionar la agenda política en Perú. En la región del Cusco, representantes del campesinado anunciaron que preparan medidas de lucha para la primera semana de noviembre si el gobierno central no responde a su pliego de reclamos. La decisión surge luego de que, según los dirigentes, las últimas acciones oficiales mostraran una clara prioridad hacia la minería por encima de la agricultura, lo que ha generado indignación en comunidades campesinas e indígenas.

El malestar no es nuevo, pero se profundizó en las últimas semanas tras declaraciones de autoridades que relegan la producción agrícola frente a la actividad extractiva. "El agro exige respeto y atención. No podemos seguir siendo desplazados por decisiones que ponen en riesgo nuestra subsistencia", sostuvieron voceros del sector.

Una mesa técnica bajo presión

Los agricultores recordaron que, antes de pasar a las protestas, participarán en una mesa técnica nacional a fines de octubre, en la que se espera la presencia de 18 ministros. En ese espacio, se expondrá la crítica situación del agro peruano, desde la caída de precios hasta los efectos del cambio climático, que han golpeado con fuerza al sur andino.

Los dirigentes aclararon que no se oponen al diálogo, pero insistieron en que las protestas serán inevitables si el Ejecutivo no ofrece respuestas concretas. El mensaje apunta directamente a la presidenta Dina Boluarte y a su gabinete, a quienes se acusa de indiferencia frente a los problemas estructurales del campo.

El agro frente a la minería

El trasfondo del conflicto es estructural: en diversas regiones altoandinas, los agricultores denuncian que las concesiones mineras reciben prioridad en la asignación de recursos hídricos, mientras que el sector agrario debe enfrentar la escasez sin apoyo estatal suficiente.

En Cusco, donde la agricultura familiar e indígena es un pilar de la economía regional, el tema adquiere una dimensión política mayor. Los campesinos señalan que el desbalance de poder entre minería y agro se refleja en la ausencia de políticas diferenciadas para la pequeña producción, la falta de créditos blandos y la débil infraestructura de riego.

"Mientras las empresas mineras acceden a volúmenes de agua para sus operaciones, nuestras comunidades tienen que racionar el recurso para consumo humano y para mantener los cultivos. Esa es la raíz de nuestro descontento", explicaron los dirigentes.

Los conflictos sociales en torno al agua y al territorio han sido recurrentes en la región andina. Desde los años 2000, el Cusco, Apurímac, Puno y Cajamarca han protagonizado movilizaciones contra proyectos mineros que, a juicio de las comunidades, amenazan la seguridad hídrica y alimentaria.

La actual coyuntura revive esas tensiones. El sector agrario, que aporta más del 12% del empleo nacional, denuncia que los planes del gobierno no incluyen medidas integrales de apoyo. En Cusco, la situación es crítica: los productores enfrentan pérdidas por sequías prolongadas, encarecimiento de insumos y caída de precios en cultivos como papa, maíz y quinua.

La posible protesta de noviembre no solo tendría repercusiones regionales. De concretarse, podría activar una cadena de movilizaciones en todo el sur andino, en un momento en que la estabilidad social del país continúa frágil tras las protestas de 2023.

Los analistas advierten que el gobierno deberá encontrar un equilibrio entre garantizar la inversión minera, vital para la recaudación fiscal, y asegurar la sostenibilidad de la agricultura familiar, que sostiene la seguridad alimentaria de millones de peruanos.

El desafío radica en generar políticas públicas que reconozcan la importancia del agro, más allá de discursos coyunturales. Para los agricultores cusqueños, la clave está en la redistribución justa del agua, el fortalecimiento de programas de riego tecnificado, acceso a crédito y asistencia técnica.

A pocas semanas de la fecha límite fijada por los dirigentes, la expectativa crece en las comunidades rurales. Si en la mesa técnica no se alcanzan acuerdos concretos, noviembre podría marcar el inicio de una nueva ola de protestas campesinas, con consecuencias directas sobre la gobernabilidad y la economía.

La demanda es clara: el agro desde Cusco exige respeto, atención y políticas de Estado, y advierte que no aceptará seguir siendo postergado frente a la minería.