La designación por parte de Estados Unidos de varios grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas ha encendido alarmas en el sector empresarial regional. La medida comenzó a aplicarse durante 2025 tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, y según especialistas incrementa los riesgos legales, reputacionales y de cumplimiento para empresas que operan en América Latina. La decisión importa porque afecta directamente las cadenas de valor agroalimentarias, logísticas y comerciales que conectan a la región con los mercados globales, obligando a compañías a reforzar sus sistemas de debida diligencia.

De acuerdo con analistas de la consultora Control Risks, las empresas ahora deben garantizar que sus operaciones cumplan no solo con las regulaciones locales sino también con el marco legal estadounidense, especialmente en lo relacionado con la prohibición de brindar "apoyo material" a organizaciones terroristas.

"El principal desafío para las empresas es que ahora deben afrontar no solo riesgos de seguridad, sino riesgos de cumplimiento significativamente mayores", explicó Edmundo Sandoval, director asociado de Análisis de Riesgos Globales en Control Risks.

La medida se formalizó mediante la Orden Ejecutiva 14157, que amplía las herramientas legales para perseguir a organizaciones criminales latinoamericanas con operaciones transnacionales. Las designaciones incluyen cárteles mexicanos, pandillas centroamericanas y grupos criminales sudamericanos, lo que amplía el alcance de las regulaciones estadounidenses en sectores productivos que interactúan con economías locales.

Para empresas involucradas en comercio exterior, logística de exportación, infraestructura portuaria o cadenas agroindustriales, el cambio implica revisar proveedores, intermediarios, socios comerciales e incluso actores políticos vinculados a sus operaciones.

Los especialistas advierten que cualquier vínculo directo o indirecto con organizaciones designadas podría derivar en sanciones financieras o incluso penas de prisión bajo legislación estadounidense.

Cronología de grupos criminales designados como terroristas en 2025

Los especialistas identifican riesgos particularmente elevados en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, logística, transporte y comercio exterior. En estos ámbitos, la interacción con actores locales y la complejidad de las operaciones pueden incrementar la exposición a vínculos indirectos con redes criminales.

En América Latina, donde el crimen organizado ha penetrado diversas actividades económicas, la situación representa un desafío adicional para empresas que buscan mantener acceso a mercados internacionales, financiamiento y credibilidad ante inversionistas.

El problema no es menor. Según el Banco Mundial, aunque América Latina representa cerca del 9% de la población mundial, concentra alrededor de un tercio de los homicidios globales, una señal del peso que tienen las organizaciones criminales en la región.

El sector agropecuario y agroexportador, clave en la balanza comercial y la seguridad alimentaria regional, también observa el fenómeno con preocupación. Las cadenas de valor agroalimentarias -desde la producción hasta la logística portuaria- suelen operar en territorios donde el crimen organizado ejerce presión económica mediante extorsiones o control territorial.

En muchos casos, productores rurales, cooperativas y empresas vinculadas a commodities agrícolas prefieren no hablar públicamente por temor a represalias, una realidad que diversos actores del sector reconocen en privado. Esta situación genera incertidumbre adicional para las exportaciones agroalimentarias latinoamericanas, que dependen de logística eficiente, trazabilidad y cumplimiento normativo para acceder a mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.

Algunos analistas consideran que la designación tiene más impacto político que operativo. El exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, calificó la medida como "un show político", señalando que las herramientas legales para sancionar a estas organizaciones existen desde hace décadas. Sin embargo, incluso quienes cuestionan su efectividad coinciden en que la nueva narrativa de seguridad puede aumentar la presión regulatoria sobre empresas e inversionistas en América Latina.

Para las empresas latinoamericanas, el escenario plantea un desafío estratégico: reforzar los sistemas de cumplimiento, ampliar los procesos de debida diligencia y fortalecer la transparencia en toda la cadena de valor.

En un contexto de creciente escrutinio internacional, tensiones geopolíticas y presión sobre la seguridad regional, la capacidad de las compañías para garantizar operaciones libres de vínculos con el crimen organizado será clave para sostener su presencia en los mercados globales.