En medio de una economía que aún lucha por consolidar su recuperación postpandemia, Panamá enfrenta una creciente presión por el peso de su deuda pública, que supera los 50.000 millones de dólares, según cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El problema no es solo el volumen del endeudamiento, sino su incapacidad para traducirse en mejoras sociales visibles.

Durante los últimos años, especialmente entre 2020 y 2023, el país aceleró la toma de deuda para sostener el gasto público, financiar programas sociales y cubrir déficit estructurales. Sin embargo, la inversión no ha logrado reducir significativamente los índices de pobreza, mejorar el sistema de salud ni garantizar una educación pública de calidad, temas que siguen siendo los principales reclamos de amplios sectores de la población.

Actualmente, la deuda representa más del 62% del PIB, una cifra que genera alarma en un país que, hasta hace poco, era considerado un ejemplo de estabilidad macroeconómica en Centroamérica. A pesar del crecimiento moderado del 7,3% en 2023, la brecha entre indicadores económicos y condiciones de vida se ha ampliado, especialmente en zonas rurales e indígenas.

Uno de los puntos más críticos es la poca transparencia en el destino de los fondos adquiridos mediante endeudamiento, señalan analistas y organizaciones sociales. "En lugar de ver mejoras en hospitales, escuelas o infraestructura vial, lo que vemos es una ciudadanía frustrada y servicios públicos al borde del colapso", indicó a medios locales un representante del Observatorio de Política Fiscal.

Además, se han denunciado casos de subejecución presupuestaria en áreas clave como salud y vivienda, lo que acentúa la percepción de que el dinero prestado no está siendo eficientemente utilizado. Según datos recientes del Ministerio de Desarrollo Social, más del 18% de la población vive en pobreza multidimensional, y el acceso a servicios básicos sigue siendo limitado en comarcas indígenas y provincias del interior.

La situación fiscal también ha encendido alarmas en organismos multilaterales. Aunque el gobierno panameño asegura que mantiene un plan de consolidación fiscal y que la deuda es "sostenible", el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han recomendado revisar el ritmo de endeudamiento y mejorar la calidad del gasto público. En particular, enfatizan la necesidad de reformar el sistema tributario, reducir exenciones y fortalecer la inversión pública con impacto social directo.

La población, mientras tanto, percibe con desconfianza los niveles de deuda acumulados, especialmente en un año preelectoral donde los reclamos sociales se multiplican y los presupuestos se tensan. En los últimos meses, sindicatos, organizaciones estudiantiles y gremios de salud han salido a las calles para exigir mejoras salariales, recursos para hospitales y una respuesta estructural al desempleo juvenil.

A pesar de contar con una de las economías más abiertas y con mayor conectividad logística de la región, Panamá enfrenta un desafío central: transformar su modelo económico en uno más inclusivo y redistributivo, que no dependa exclusivamente del endeudamiento para funcionar.

Según proyecciones del MEF, el servicio de deuda -intereses y amortizaciones- representará cerca del 20% del presupuesto general en 2025, lo que limita el margen de acción para políticas sociales sostenidas. En ese marco, la sostenibilidad de la deuda deja de ser solo un debate técnico y pasa a ser un tema profundamente político: cómo y para quién se gasta el dinero del Estado.