Ecuador plantea reformas para aliviar deudas y ampliar financiamiento al agro
La propuesta flexibiliza pagos, extiende plazos y permite nuevas solicitudes para productores afectados por clima, plagas o pérdidas operativas.
El sector agropecuario ecuatoriano podría acceder a mecanismos financieros más flexibles si avanza el proyecto de reformas presentado por la asambleísta Lorena Rosado Sánchez, que propone ajustes al Código Orgánico Administrativo (COA) y al Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF). La iniciativa apunta a aliviar la presión económica que enfrentan miles de productores afectados por crisis climáticas, plagas, robos o enfermedades que limitan su capacidad productiva.
El proyecto busca facilitar el cumplimiento de obligaciones ante la administración pública y el sistema financiero mediante plazos más amplios, períodos de gracia y nuevas alternativas de refinanciamiento. Uno de los cambios centrales es que las entidades que emitan órdenes de cobro deberán tramitar en un máximo de diez días las solicitudes de facilidades de pago, evitando demoras que suelen perjudicar a los agricultores.
Las reformas también proponen eliminar restricciones que actualmente impiden presentar nuevas solicitudes de facilidades cuando el productor ha incumplido pagos previos por causas ajenas a su voluntad. Entre estas razones se incluyen fenómenos climáticos extremos, plagas, robos de maquinaria esencial o enfermedades graves del productor o su familia. Las situaciones deberán estar debidamente acreditadas, pero permitirán reiniciar procesos de alivio financiero sin penalidades.
Otro aspecto relevante es la ampliación del plazo máximo para reestructurar deudas. La propuesta extiende las facilidades de pago hasta 120 meses, muy por encima del límite actual de 24 meses, lo que abriría una puerta significativa para la sostenibilidad financiera de unidades productivas de todo tamaño.
La Asamblea Nacional señala que estas reformas buscan dar estabilidad al agro, un sector que enfrenta vulnerabilidades recurrentes y que sostiene buena parte de la producción alimentaria y el empleo rural del país. De aprobarse, las medidas ofrecerían un marco más acorde con la realidad del campo y con la necesidad de mantener la continuidad de las actividades productivas pese a los shocks externos.

