El clima diplomático entre Estados Unidos y Brasil atraviesa una nueva tensión luego de que el expresidente Jair Bolsonaro fuera condenado por conspirar para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Ante esto, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la administración Trump podría anunciar medidas adicionales contra Brasil. Rubio acusó al sistema judicial brasileño, y en particular al juez Alexandre de Moraes, de abusos y de querer ejercer una jurisdicción extraterritorial.

Rubio sostuvo que el Estado de derecho en Brasil "se está desmoronando", aludiendo a decisiones que, según él, van más allá de funciones judiciales normales. Señaló que esos jueces activistas no sólo habrían perseguido políticamente a Bolsonaro, sino que también habrían amenazado a ciudadanos con acciones extraterritoriales, incluyendo residentes o personas que publican desde Estados Unidos. "Queremos que haya justicia, pero que respete los derechos humanos, la libertad de expresión y no actúe contra personas por opiniones políticas", declaró Rubio.

Lo que ha pasado hasta ahora

En julio de 2025, el gobierno de EE.UU. ya impuso aranceles del 50 % sobre muchos productos brasileños, justificándolos como respuesta a lo que describen como una "cacería política" contra Bolsonaro. Estas medidas comerciales fueron un primer paso.

Además, ese mismo mes, Brasil sufrió sanciones dirigidas específicamente a Alexandre de Moraes bajo la ley Magnitsky, que implican restricciones de visa y otras penalizaciones.

Brasil, por su parte, ha rechazado públicamente estas acusaciones y señalado que su judicial actúa con independencia, que Bolsonaro tuvo garantías procesales y que la democracia brasileña no será intimidada por presiones externas.

Lo que podría venir

Rubio adelantó que la administración Trump podría anunciar nuevas acciones "la próxima semana", aunque no ha detallado cuáles serían. Estas podrían incluir:

• Más sanciones individuales a jueces o funcionarios del Poder Judicial brasileño, especialmente aquellos vinculados al caso Bolsonaro.

• Ampliación o extensión de aranceles comerciales contra bienes brasileños, como se ha visto ya en algunos sectores.

• Restricciones de visa para quienes EE.UU. considere responsables de abusos judiciales o de derechos civiles.

• Presión diplomática en foros multilaterales para cuestionar la actuación judicial brasileña.

Implicaciones nacionales e internacionales

Para Brasil, las amenazas de sanciones y las declaraciones estadounidenses generan no solo un desafío diplomático, sino también uno comercial: ya existen exportadores afectados por los aranceles actuales. La condena de Bolsonaro, la respuesta judicial, las protestas públicas y el apoyo de sectores políticos aliados complican aún más el escenario interno.

En el plano internacional, la situación refuerza la narrativa de que la política interna de Brasil -justicia, elecciones, protesta política- está siendo observada muy de cerca por EE.UU. y otros gobiernos. También pone a prueba los límites de la soberanía judicial: hasta qué punto puede un país considerar legítimo intervenir diplomáticamente ante decisiones judiciales internas de otro país.