La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) salió al cruce de denuncias sobre supuestos sobreprecios en la compra de crudo y condensado para el mercado interno, y aseguró que las versiones difundidas carecen de sustento técnico y responden a interpretaciones erróneas de precios históricos.

A través de un comunicado oficial emitido el 10 de febrero en La Paz, la compañía sostuvo que las comparaciones utilizadas para sustentar las acusaciones no corresponden al contexto actual del mercado ni a las condiciones específicas del proceso en cuestión.

El foco de la controversia se centra en el proceso PAC 5096, destinado al suministro de crudo y condensado para abastecer el mercado nacional. Según explicó la petrolera, es incorrecto vincular este procedimiento con irregularidades financieras, ya que los valores presentados deben analizarse bajo parámetros técnicos, logísticos y contractuales vigentes.

Uno de los puntos más relevantes del comunicado fue la aclaración de que no existe a la fecha ningún contrato firmado con la empresa Trafigura, firma señalada en las denuncias. La estatal precisó que el proceso se encuentra en fase de revisión técnica, jurídica y documental, etapa previa a cualquier eventual formalización contractual.

En relación con las ofertas recibidas, YPFB informó que para el punto de entrega DAP Arica se presentaron tres propuestas, mientras que para DAP Pocitos se registró una oferta. En ambos casos, el menor precio correspondió a la empresa mencionada, aunque la compañía enfatizó que el procedimiento se desarrolló dentro del marco legal y con mecanismos de transparencia.

La petrolera remarcó que realiza invitaciones públicas permanentes a procesos de compra y contratación con el objetivo de garantizar la continuidad operativa del sistema energético nacional. En ese sentido, subrayó que cada adquisición se efectúa bajo criterios de responsabilidad administrativa y cumplimiento normativo.

En el comunicado también se advierte que las versiones difundidas podrían afectar la imagen institucional y el patrimonio del Estado boliviano. La empresa sostuvo que sostener acusaciones basadas en comparaciones que no reflejan condiciones equivalentes resulta irresponsable y perjudicial para el conjunto del país.

YPFB indicó además que analizará las acciones legales correspondientes para preservar su reputación y defender los intereses económicos nacionales, en caso de que continúen las acusaciones sin respaldo técnico.

El episodio se produce en un contexto de sensibilidad en torno a la gestión de compras públicas en el sector energético, estratégico para la economía boliviana. La importación y procesamiento de crudo y condensado resultan claves para asegurar el abastecimiento interno y la estabilidad del sistema de refinación.

Mientras el proceso PAC 5096 continúa bajo evaluación documental, la estatal busca despejar dudas y reafirmar que no se han concretado contratos ni desembolsos vinculados a las versiones difundidas.

La definición final dependerá de la culminación de los análisis técnicos y jurídicos en curso, aunque la empresa ya dejó en claro su posición: no existen sobreprecios comprobados ni contratos firmados en el marco del proceso señalado.