En las zonas agrícolas de Santa Cruz y Beni, la campaña de siembra avanza a medias. La maquinaria espera combustible y los transportes se retrasan, encareciendo cada día la producción. El diésel, vital para mover tractores, cosechadoras y camiones, escasea en surtidores de todo el país. Las colas de horas se han convertido en una postal recurrente de una crisis energética que mezcla problemas estructurales y financieros.

El corazón del problema está en la dependencia crónica de combustibles importados. Bolivia produce menos de lo que consume y completa la demanda con compras externas de diésel, gasolina, crudo y aditivos. Entre enero y junio de 2025, el país desembolsó cerca de 1.582 millones de dólares para abastecerse, según el Instituto Nacional de Estadística. El monto es apenas menor que el del mismo periodo del año anterior, pero suficiente para mantener este rubro como uno de los que más divisas absorbe en la balanza comercial.

A la insuficiente producción local se suma la falta de dólares para pagar a proveedores internacionales, lo que genera retrasos en las entregas. Las autoridades han reconocido que esta escasez de divisas limita la capacidad de asegurar un flujo estable de combustible, especialmente en un contexto de sobredemanda interna.

Hace una década, el gasto anual en importación de combustibles líquidos rondaba los 1.000 millones de dólares. Hoy, tras el repunte económico pospandemia y el alza de precios internacionales, esa cifra se ha más que duplicado, alcanzando picos de 3.200 millones en 2022.

El esquema de subsidios, que mantiene precios congelados en las estaciones de servicio, implica que YPFB cubra la diferencia entre el valor de mercado internacional y el precio interno. Este mecanismo, sin reformas de fondo, ha terminado por presionar el déficit fiscal y las reservas, dejando menos margen para atender otras necesidades económicas.

La falta de diésel no solo afecta al agro. El transporte de carga y la minería también sufren retrasos y mayores costos operativos. En la industria alimentaria, la demora en trasladar granos, carne o lácteos desde las zonas productoras hacia centros de acopio y mercados urbanos genera pérdidas y complica la cadena de suministro.

En el campo, productores advierten que la incertidumbre sobre el abastecimiento condiciona las decisiones de siembra. Reducir hectáreas cultivadas o posponer labores se convierte en una estrategia defensiva frente a un insumo cuya disponibilidad no está garantizada.

Un desafío que exige cambios de fondo

Especialistas coinciden en que el problema no se resolverá solo con más importaciones. Incrementar la capacidad de producción y refinación local, diversificar la matriz energética y revisar el sistema de subsidios son pasos clave para disminuir la vulnerabilidad actual.

Mientras tanto, cada día que los surtidores se vacían deja claro que la crisis no es solo de combustible: es también de competitividad, seguridad alimentaria y estabilidad macroeconómica.