El estado de urgencia declarado en Bocas del Toro por el gobierno de Panamá expone una grave crisis de seguridad que afecta directamente al sector agroindustrial de una de las regiones más productivas del país. Los hechos recientes, que incluyen actos de vandalismo, saqueos, incendios y bloqueos, han sido catalogados oficialmente como terrorismo urbano, y han obligado a la intervención de fuerzas especiales para intentar restablecer el orden.

Esta provincia del noroeste panameño, limítrofe con Costa Rica, alberga importantes plantaciones de banano, cacao, arroz, palma aceitera y otros cultivos tropicales que forman parte esencial del tejido económico del país. Las protestas y disturbios registrados han provocado interrupciones graves en las cadenas de suministro, con cosechas retenidas en las fincas, plantas empacadoras paralizadas y camiones inmovilizados por temor a ataques o bloqueos.

Productores agroindustriales y empresas exportadoras han reportado pérdidas millonarias en pocos días, tanto por la imposibilidad de despachar productos perecederos como por los contratos que no pueden cumplirse a tiempo. Se estima que más de 1.200 hectáreas de banano no pudieron cosecharse en tiempo y forma durante la última semana, con riesgos de pérdida total para ese volumen de fruta.

Los gremios locales también han expresado preocupación por la seguridad de los trabajadores agrícolas, muchos de los cuales han optado por no asistir a sus labores ante amenazas o la imposibilidad de transitar por las zonas rurales. Algunas cooperativas agrícolas han reportado intentos de saqueo, robo de herramientas y destrucción de infraestructura productiva, lo que agrava aún más la situación.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Bocas del Toro emitió un comunicado alertando que, de continuar esta situación, la región podría tardar años en recuperarse económicamente. También exigieron medidas concretas para garantizar el libre tránsito y la seguridad jurídica de los productores e inversionistas que apuestan por el desarrollo agroindustrial local.

Desde el gobierno nacional, el presidente Laurentino Cortizo ha autorizado la movilización de la Fuerza de Tarea Conjunta, compuesta por unidades del Servicio Nacional de Fronteras, la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval, para contener los hechos de violencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y representantes comunitarios han solicitado una salida negociada al conflicto, advirtiendo sobre el riesgo de criminalizar demandas sociales legítimas.

Bocas del Toro ya había enfrentado tensiones en el pasado, con protestas ligadas a conflictos laborales en el sector bananero o reclamos por acceso a servicios básicos. No obstante, la escalada de violencia actual no tiene precedentes en magnitud ni en impacto directo sobre el aparato productivo.

A mediano plazo, expertos advierten que esta crisis podría provocar el retiro de inversiones privadas, afectar las relaciones comerciales con compradores internacionales -especialmente en Europa- y generar una caída significativa en las exportaciones agrícolas del país.

Mientras tanto, los productores intentan salvar lo que pueden, organizando cosechas exprés bajo protección policial, redirigiendo cargas a otras zonas portuarias o intentando almacenar productos con vida útil prolongada. Sin embargo, estas son soluciones de emergencia en un escenario que exige respuestas estructurales, con mayor presencia estatal, inversión en seguridad rural y una estrategia integral de desarrollo para el interior profundo.

El agro panameño, y en particular el de Bocas del Toro, enfrenta hoy una prueba crítica. La producción de alimentos, fuente de empleo y motor económico de la región, depende de algo más que del clima o la tecnología: depende de la paz social, la institucionalidad y la voluntad política de actuar a tiempo.