Europa cambia las reglas y pone en riesgo exportaciones de América Latina
Seis países productores cuestionaron las exigencias europeas sobre fitosanitarios y deforestación, mientras crece la presión por actualizar sus normas internas.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay cuestionaron en julio las nuevas exigencias de la Unión Europea sobre residuos de fitosanitarios, tolerancias de importación y deforestación, al advertir que podrían limitar las exportaciones agrícolas sin una evaluación científica suficiente. La posición fue presentada durante la reunión del Consejo Agropecuario del Sur en Bolivia y tiene relevancia para una región que abastece al mundo con granos, carnes, frutas, aceites y biocombustibles.
El pronunciamiento marca una respuesta conjunta frente a normas que, según los gobiernos sudamericanos, pueden alterar las condiciones de acceso al mercado europeo. Los países no rechazan los objetivos de protección ambiental e inocuidad alimentaria, pero reclaman que las decisiones se sustenten en análisis de riesgo, reconozcan los sistemas de control nacionales y otorguen plazos razonables para su cumplimiento.
La reunión se realizó en Santa Cruz de la Sierra y significó el regreso del Consejo Agropecuario del Sur a Bolivia después de 13 años. El foro, coordinado técnicamente por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, permite acordar posiciones entre seis de las principales economías agroalimentarias de América Latina.
La discusión se concentró en los límites máximos de residuos, conocidos como LMR, y en las tolerancias de importación aplicadas a productos fitosanitarios. Estos parámetros determinan qué cantidad de una sustancia puede permanecer en un alimento comercializado dentro de la Unión Europea.
Cuando Bruselas reduce un límite o elimina una tolerancia, una producción autorizada en América Latina puede quedar sin acceso al mercado europeo, incluso si el fitosanitario fue utilizado correctamente y cumple la regulación vigente en el país de origen.
Seis países se unen frente a las exigencias europeas
El ministro boliviano de Desarrollo Productivo, Rural y Agua y presidente pro tempore del CAS, Óscar Mario Justiniano, fue el encargado de comunicar la posición regional a las autoridades europeas. El planteo advirtió que algunas decisiones unilaterales pueden reducir la previsibilidad comercial y funcionar como restricciones encubiertas para los alimentos latinoamericanos.
Los ministros sostuvieron que las medidas sanitarias deben fundarse en evidencia científica sólida y reglas multilaterales transparentes. También reclamaron que las evaluaciones consideren las condiciones productivas, climáticas y agronómicas de los países exportadores.
América Latina enfrenta plagas, enfermedades y ambientes diferentes de los europeos. Por ese motivo, los agricultores pueden necesitar productos que ya no se utilizan en Europa, pero que permanecen autorizados bajo los sistemas regulatorios regionales. La eliminación automática de una tolerancia de importación puede impedir la venta de alimentos sin demostrar necesariamente un riesgo concreto para los consumidores.
La aplicación de límites más exigentes también puede obligar a modificar programas de manejo, sustituir principios activos o aumentar el número de intervenciones en el campo. Para los productores, esos cambios implican mayores costos, inversiones en trazabilidad y riesgo de perder mercados si no consiguen adaptarse dentro de los plazos establecidos.
El encuentro contó con representantes de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El sector privado participó mediante la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado, que pidió reconocer los mecanismos de registro, certificación y control ya utilizados en los países del bloque.
Otro punto de fricción fue el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, conocido como EUDR. La norma exige demostrar que determinadas materias primas no fueron producidas en tierras deforestadas después de la fecha establecida por el bloque.
Los gobiernos sudamericanos respaldan la protección de los bosques, pero advierten que el sistema europeo puede duplicar controles, desconocer legislaciones nacionales y trasladar costos elevados a productores y exportadores. La preocupación es mayor entre establecimientos pequeños, que disponen de menos recursos para implementar sistemas digitales de geolocalización y trazabilidad.
Los ministros también celebraron el rechazo a la propuesta que pretendía clasificar a la soja como materia prima con alto riesgo de cambio indirecto en el uso del suelo. Esa categoría habría limitado la participación del biodiésel elaborado con soja sudamericana dentro de los objetivos energéticos europeos.
Argentina refleja los vacíos regulatorios de la región
La posición común frente a Europa coincide con otro desafío: los países latinoamericanos necesitan fortalecer y actualizar sus propias normas sobre productos fitosanitarios. Sin regulaciones internas consistentes, resulta más difícil defender los sistemas productivos ante compradores que exigen controles cada vez más rigurosos.
Argentina expone con claridad esa dificultad. La aplicación de fitosanitarios se encuentra regulada por normas provinciales, ordenanzas municipales y decisiones judiciales que pueden establecer condiciones diferentes entre localidades cercanas. Esa dispersión genera incertidumbre para productores, aplicadores y habitantes de las zonas periurbanas.
Especialistas de las cadenas agroindustriales y legisladores nacionales analizaron en el Congreso una posible ley de presupuestos mínimos basada en Buenas Prácticas Agropecuarias. La discusión fue promovida por la Fundación Barbechando, junto con el Espacio Legislativo Interpartidario del Agro y representantes técnicos del sector.
La propuesta busca definir zonas sensibles y áreas de amortiguamiento con criterios verificables, además de exigir capacitación para los aplicadores, recetas agronómicas y controles sobre los equipos. También contempla herramientas digitales capaces de registrar la ubicación de la maquinaria, las condiciones meteorológicas y el recorrido de cada aplicación.
El objetivo es evitar que las distancias se establezcan de manera uniforme sin analizar el producto utilizado, el tipo de maquinaria, la dirección del viento, la temperatura y las características del lugar. Las entidades del agro sostienen que algunas restricciones podrían dejar fuera de producción una superficie considerable, aunque la estimación sectorial de hasta un 40% todavía necesita respaldo mediante un relevamiento oficial.
Una ley nacional tampoco debería reemplazar las competencias provinciales ni reducir los controles ambientales. Su función sería establecer un piso común de protección, trazabilidad y fiscalización, sobre el cual cada jurisdicción pueda desarrollar requisitos adaptados a su territorio.
La discusión argentina no representa una política conjunta del CAS, pero muestra una dificultad compartida por América Latina: para cuestionar las barreras externas, la región necesita demostrar que cuenta con normas internas confiables, controles eficaces y datos verificables.
El conflicto con Europa supera la discusión sobre un grupo de productos químicos. Lo que está en juego es quién define las condiciones bajo las cuales se producen y comercializan los alimentos. Para América Latina, aceptar requisitos sin fundamentos suficientes puede significar perder competitividad; ignorar las demandas ambientales y sanitarias también puede cerrar mercados.
La estrategia regional deberá combinar negociación comercial, investigación científica, trazabilidad y actualización regulatoria. Los seis países buscan evitar que las políticas ambientales europeas se conviertan en barreras para sus exportaciones, pero también tendrán que fortalecer sus propios sistemas para sostener esa posición ante compradores cada vez más exigentes.
