En el sur de República Dominicana, el río Nizao es escenario de una explotación ilegal que mezcla maquinaria pesada, rifles y amenazas. En El Roblegal, Baní, vecinos ven a diario el tránsito de volquetas cargadas de arena y grava, materiales destinados a la construcción pero extraídos a costa de ecosistemas esenciales para la agricultura y el abastecimiento de agua.

El biólogo Luis Carvajal, de la Academia de Ciencias, advierte que décadas de sobreexcavación han hundido el lecho del río y colapsado sus márgenes, reduciendo su capacidad de almacenamiento y flujo. La pérdida de caudal afecta directamente a productores que dependen del riego para cultivos como plátano, arroz, hortalizas y caña de azúcar en las provincias cercanas.

Aunque la ley dominicana establece una franja de protección de 30 metros alrededor de ríos y arroyos, las autoridades ambientales reconocen que, en casos como el Nizao, fragilizado por el saqueo, esa zona debería ampliarse a 300 metros. La ausencia de control estatal es evidente: durante visitas al área no se observó presencia de autoridades, a pesar de que se asegura una vigilancia permanente.

Un negocio ilegal que agota el agua

El presidente Luis Abinader ha equiparado el negocio ilegal de la arena al narcotráfico. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el mercado de agregados -legales e ilegales- mueve unos 1.000 millones de dólares anuales y extrae más de 50 millones de metros cúbicos de arena. Este volumen no solo degrada los cauces, sino que altera el ciclo hidrológico, disminuyendo la recarga de acuíferos y afectando la disponibilidad de agua para riego.

En un país donde la agricultura depende en gran medida de sistemas de riego alimentados por ríos y embalses, la pérdida de caudal compromete la seguridad alimentaria. Comunidades rurales ven cómo sus canales reciben menos agua, obligando a reducir siembras o abandonar parcelas.

El impacto no es solo productivo. Patricia Abreu, presidenta de la Fundación Fondo de Aguas Santo Domingo, alerta que la disminución de fuentes hídricas "genera desplazamientos humanos y pone en riesgo la seguridad alimentaria de las regiones agrícolas".

Violencia e impunidad en defensa del agua

Denunciar esta actividad conlleva riesgos. En 1998, el agricultor Sixto Ramírez fue asesinado tras denunciar una extracción ilegal. Más recientemente, el activista Alexis Rodríguez recibió amenazas y extorsiones después de exponer operaciones clandestinas en redes sociales. En 2024, el productor agrícola Francisco Ortiz fue asesinado tras intentar frenar el saqueo en el río Tireo, un afluente vital para riego en zonas montañosas.

La Procuraduría Ambiental reconoce que ha debido suspender operativos por amenazas a su personal. Incluso agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) han sido emboscados, como en San Cristóbal, cuando un grupo armado recuperó arena ilegal incautada.

Ríos estratégicos para la producción agrícola en riesgo

El Nizao no es el único afectado. El saqueo también alcanza al Yuna, en la región arrocera del país; al Masacre, en la frontera con Haití, vital para el ganado y cultivos en Dajabón; y a otros como el Yaque del Norte y el Guayubín, que abastecen zonas productoras de banano, arroz y pastos para ganadería.

En el caso del Masacre, la extracción de material y el desvío de aguas desde el lado haitiano ya provocan pozos secos y escasez para el ganado, forzando a productores a reducir hatos y cosechas. "Estamos ante un escenario de migraciones internas por falta de agua", advierte Carvajal.

Además, la alteración de cauces por extracción descontrolada aumenta el riesgo de inundaciones que pueden arrasar cultivos y dejar sin sustento a miles de familias rurales.