La Federación Rural del Uruguay manifestó su preocupación por la creciente inseguridad que atraviesa el medio rural, con un aumento de casos de abigeato y ataques de jaurías de perros a majadas ovinas. En un comunicado emitido este 12 de agosto, la gremial advirtió que esta situación se ha vuelto una "normalidad" que desalienta la vida y el trabajo de las personas vinculadas al campo.

El Consejo Directivo recordó que este problema viene siendo planteado desde hace tiempo, incluso en el Congreso anual de 2025, y reclamó que la seguridad rural sea tratada como una prioridad nacional. La institución subrayó que "la batalla no está perdida, pero exige medidas concretas y lineamientos claros a nivel país", y exigió la conformación inmediata de las Comisiones de Seguridad Rural en todos los departamentos, con funcionamiento activo y coordinado.

Impacto productivo y necesidad de coordinación

La gremial cuestionó la lentitud en la convocatoria de dichas comisiones, que deberían ser espacios efectivos para diseñar estrategias locales adaptadas a las realidades de cada región. El comunicado hace especial énfasis en los ataques de perros sueltos, que siguen causando pérdidas significativas en la majada nacional. Aunque no se detallaron cifras oficiales recientes, estudios previos estiman que cada episodio puede ocasionar la muerte de decenas de ovinos, con perjuicios económicos que, en algunos casos, superan miles de dólares por productor.

El problema no se limita a las pérdidas directas: la reducción de la majada impacta en la producción de lana y carne, disminuye la capacidad de reposición y compromete la rentabilidad del rubro ovino a mediano plazo. Para un país que busca sostener sus volúmenes de exportación y mantener su reputación en mercados internacionales, estos ataques representan un riesgo adicional que requiere políticas de control y prevención más efectivas.

El documento de la Federación también señala que, según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 2.000 denuncias de abigeato en todo el país. Aunque en algunos departamentos se observó una baja interanual, en otros -especialmente en zonas de alta producción ovina- la tendencia fue en aumento. A ello se suman hurtos en establecimientos, vandalismo y daños en infraestructuras productivas, agravando el panorama para los productores.

Un informe de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (Cotryba) de 2023 estimó que en Uruguay existen más de 1,7 millones de perros, y que una proporción significativa circula libremente en áreas rurales y suburbanas. Las jaurías, al atacar majadas, no solo provocan muertes y heridas, sino también abortos en vientres preñados, reduciendo drásticamente la producción y generando pérdidas económicas difíciles de recuperar.

La Federación Rural insiste en que se requiere un abordaje integral que combine prevención, control y sanción, y que las Comisiones de Seguridad Rural funcionen como instancias operativas de coordinación entre productores, autoridades policiales, gobiernos departamentales y organizaciones del sector agropecuario. El objetivo es diseñar planes de acción específicos para cada región, priorizando la protección de la producción y el bienestar de las comunidades rurales.

El comunicado concluye reafirmando que los productores rurales "tienen derecho a trabajar, criar sus animales y dormir tranquilos" y que la seguridad en el campo "no puede seguir siendo postergada" en la agenda nacional.