Mano de obra agrícola: Cómo las redadas en EE.UU. impactan al agro Salvadoreño y regional
La intensificación de las redadas migratorias en EE.UU. está desestabilizando sectores agroalimentarios clave y amenaza con repercutir en las remesas, cadenas de valor y seguridad alimentaria de países como El Salvador.
Las recientes redadas migratorias en Estados Unidos, que en los primeros cuatro meses de 2025 sumaron más de 142000 deportaciones, están generando efectos colaterales sobre la agricultura y la economía rural de El Salvador, con proyecciones que podrían extenderse a otros países de América Latina con alta dependencia de las remesas y de la migración laboral hacia EE.UU. Las cifras, dadas a conocer por fuentes oficiales estadounidenses y replicadas por medios salvadoreños, muestran que muchos de los afectados se desempeñaban en sectores agrícolas, particularmente en plantaciones de frutas, hortalizas y procesamiento agroindustrial.
Este fenómeno no es nuevo, pero su agudización coincide con un contexto agrícola delicado para El Salvador, afectado por fenómenos climáticos como el huracán Erick, la caída en la importación de insumos agrícolas y un proceso de ajuste en el salario mínimo rural. La reducción de la mano de obra agrícola en EE.UU. no solo amenaza con encarecer la producción y provocar desabastecimientos en mercados norteamericanos, sino que compromete directamente el envío de remesas a El Salvador, que representa más del 25% del PIB nacional y constituye una fuente fundamental de financiamiento para pequeños y medianos productores rurales.
La deportación de trabajadores agrícolas desde EE.UU. rompe un circuito económico y productivo que va mucho más allá de la frontera, afectando tanto a las cadenas de valor agroalimentarias estadounidenses como a los territorios rurales que dependen de esos flujos económicos. Muchos migrantes invierten parte de sus remesas en tecnificación, mantenimiento de tierras, adquisición de insumos o directamente en consumo alimentario local, lo que significa que el impacto de estas redadas se traduce, en El Salvador, en menor inversión, menor productividad y mayor vulnerabilidad social. La combinación de estos factores -variabilidad climática, caída de ingresos rurales y reducción de demanda externa- pone a prueba la resiliencia del sistema agroalimentario nacional.
En entrevistas recogidas por medios salvadoreños, agricultores y familiares de deportados señalan que las redadas han desarticulado no solo vínculos económicos, sino estructuras sociales enteras: "Mi hijo trabajaba en el campo en Georgia, enviaba dinero todos los meses. Con eso sembrábamos milpa y pagábamos fertilizante. Ahora no tenemos cómo", expresó una productora de Chalatenango. Casos como este se multiplican en zonas rurales donde la agricultura depende parcialmente de flujos migratorios como fuente indirecta de capital.
Los organismos multilaterales como el IICA y la FAO han advertido que la inseguridad laboral de los migrantes agrícolas latinoamericanos en EE.UU. representa un riesgo sistémico para la seguridad alimentaria regional, al alterar tanto la producción como el consumo. Desde una perspectiva estructural, también se incrementan los riesgos de informalidad, sobreexplotación local de recursos y debilitamiento de los procesos de trazabilidad y certificación que exigen los mercados globales.
En ese marco, la estrategia de adaptación debe incluir medidas de corto y mediano plazo. Por un lado, fortalecer el acceso al financiamiento para productores afectados por la caída de remesas y revisar los programas de apoyo técnico con enfoque territorial. Por otro, acelerar la diversificación de destinos de exportación y fomentar acuerdos regionales de integración agroalimentaria que permitan amortiguar los efectos de políticas migratorias externas. Apostar a una mayor tecnificación, valor agregado y trazabilidad también es clave para competir en otros mercados menos expuestos a este tipo de shocks políticos.
Finalmente, expertos consultados subrayan que si bien El Salvador no controla las políticas migratorias de EE.UU., sí puede trabajar para disminuir su dependencia estructural de ellas, promoviendo una mayor articulación entre políticas sociales, laborales y productivas rurales. La coyuntura actual es un llamado de atención sobre la interdependencia profunda entre migración, agricultura y economía rural, que atraviesa fronteras, pero golpea con más fuerza en los territorios más frágiles.