La eliminación del estímulo fiscal al impuesto gasolina impacta de lleno a productores y transportistas agropecuarios. A partir del 2 de agosto, quienes dependan del diésel y la Magna para operar en el campo deberán absorber el total del IEPS, encareciendo costos y reduciendo márgenes.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), publicó en el Diario Oficial de la Federación la decisión de mantener en 0% el estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para la gasolina Magna, Premium y el diésel durante la primera semana de agosto de 2025. Esta medida, vigente del 2 al 8 de agosto, marca la semana número 17 consecutiva sin subsidios al combustible, afectando particularmente a sectores con alta dependencia energética, como el agropecuario.

Con ello, los automovilistas y empresas deberán pagar el 100% del impuesto gasolina, lo que representa 6.45 pesos por litro en el caso de la Magna, 5.45 pesos para la Premium y 7.09 pesos en el caso del diésel, este último vital para tractores, sistemas de riego, transporte de insumos y traslado de productos agrícolas a centros de consumo o exportación.

Esta política fiscal tiene repercusiones inmediatas en el costo de operación en parcelas, milpas y ranchos, elevando el gasto por litro y tensionando aún más la rentabilidad de la producción primaria, especialmente en un contexto de inflación agrícola persistente y sequías regionales. De acuerdo con datos de PetroIntelligence, al 1 de agosto, la gasolina Magna se comercializa en 23.48 pesos por litro, la Premium en 25.73 y el diésel en 26.33, lo que implica que el IEPS representa entre el 26% y el 30% del precio final del combustible.

Aunque esta medida incrementa la recaudación fiscal, "también presiona a los sectores más vulnerables del aparato productivo", como lo han advertido asociaciones rurales y cámaras agroindustriales. En regiones donde no hay alternativas ferroviarias o logísticas eficientes, la dependencia del autotransporte diésel convierte al impuesto gasolina en un factor distorsionador del mercado agrícola.

Además, este escenario favorece el aumento de prácticas irregulares como el "huachicol fiscal", fenómeno que ha ganado terreno en el mercado de combustibles mediante el aprovechamiento de lagunas legales y diferencias fiscales. Según reportó "El País", el contrabando y fraude asociado a este tipo de combustibles representa un boquete de más de 9 mil millones de dólares al año para las finanzas públicas.

Para algunas agroempresas, una opción es acreditar fiscalmente el IEPS del diésel utilizado en labores agrícolas, tal como lo permite la Ley del ISR. Sin embargo, este mecanismo exige trámites complejos y la comprobación precisa de uso agrícola, lo cual limita su aplicación práctica entre pequeños y medianos productores.

En este escenario, especialistas en gestión de combustible recomiendan fortalecer el control interno del gasto energético mediante rutas optimizadas, uso de vales prepagados, monitoreo satelital de flotillas y tecnificación de procesos. "Las buenas prácticas logísticas pueden mitigar parte del efecto del impuesto gasolina, pero es necesario también un acompañamiento institucional", señaló una fuente del sector.

El panorama refuerza la urgencia de promover estrategias colectivas y financiamiento rural desde entidades como FIRA, ASERCA o SADER, para reducir la vulnerabilidad del campo ante políticas tributarias regresivas. De no hacerlo, la falta de estímulos fiscales podría convertirse en un lastre estructural para la comercialización, sanidad agropecuaria, e incluso la seguridad alimentaria nacional.