La inflación acumulada entre enero y septiembre de 2025 vuelve a reflejar las asimetrías estructurales en América Latina, con Argentina (22%) y Bolivia (18,33%) a la cabeza de la suba de precios. Excluyendo el caso venezolano -donde persiste un apagón estadístico y se proyecta una inflación superior al 260%-, estos dos países concentran los mayores desafíos inflacionarios, aunque con trayectorias opuestas: mientras Argentina logró desacelerar fuertemente respecto al 2024 (cuando en el mismo período alcanzaba 101,6%), Bolivia pasó de ser una economía de inflación controlada a exhibir una aceleración preocupante.

En contraste, países como Costa Rica (1,95%) y Panamá (0,40%) registraron deflación, y economías clave como Brasil (3,64%), México (2,35%) o Chile (3,3%) muestran una inflación acumulada moderada, en línea con sus políticas monetarias contractivas y marcos institucionales más estables.

El fenómeno inflacionario no es solo una cuestión de estadísticas: afecta directamente la dinámica comercial, el acceso al financiamiento, la competitividad exportadora y la seguridad alimentaria, especialmente en el sector agropecuario. Cuando los precios internos suben rápidamente, los costos de insumos, transporte, energía y logística se encarecen, presionando los márgenes de productores y reduciendo la capacidad de inversión en tecnificación o buenas prácticas agrícolas. Además, la inflación erosionada el poder adquisitivo, lo que retrae el consumo interno y distorsiona los flujos comerciales en cadenas de valor agroalimentarias.

En el plano del comercio exterior, la inflación elevada genera incertidumbre cambiaria, deteriora la trazabilidad de costos, encarece la logística de exportación y obliga a renegociar contratos con precios FOB cada vez más volátiles. En países como Argentina o Bolivia, estos factores comprometen la ventaja comparativa agroexportadora, dificultan el acceso a mercados con normas fitosanitarias estrictas y reducen la capacidad de cumplimiento con certificaciones exigidas por los socios del T-MEC o la Unión Europea. A esto se suma que los efectos inflacionarios pueden distorsionar la asignación de subsidios, generar cuellos de botella en la infraestructura vial o portuaria, y alterar el balance comercial regional.

En ese contexto, los países con inflación más controlada y marcos institucionales sólidos logran mantener condiciones comerciales más previsibles, lo que resulta clave para atraer inversiones en biotecnología, agricultura digital y sustentabilidad. Por el contrario, los países con desequilibrios persistentes se ven forzados a recurrir a políticas de emergencia que afectan negativamente las expectativas de largo plazo.

Finalmente, el impacto también se proyecta a nivel de integración regional: los diferenciales inflacionarios amplifican la fragmentación del mercado latinoamericano, obstaculizan acuerdos de comercio agropecuario y dificultan la convergencia normativa en bloques como el MERCOSUR o la Alianza del Pacífico. En un contexto global donde la resiliencia alimentaria es clave, la inflación descontrolada no solo es un problema macroeconómico, sino un riesgo estructural para el futuro del agro en la región.