El Congreso dio un paso tangible en la justicia rural. La Corte Constitucional avaló este 4 de septiembre el proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 (Senado) y 360 de 2024 (Cámara), que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural, consagrada hace un año en la Constitución mediante el Acto Legislativo 03 de 2023.

Las dos carteras involucradas, Justicia y Agricultura, celebraron el fallo que declara constitucional la mayoría de los artículos del proyecto, considerándolos coherentes con la Carta Política y fundamentales para garantizar acceso oportuno y equitativo a la justicia en zonas campesinas y rurales.

Qué deja aprobado y qué se cae

El Sistema Judicial deberá incorporar criterios claros al seleccionar jueces y magistrados agrarios, que deberán demostrar conocimiento en derechos fundamentales campesinos e incorporar enfoques de género y territoriales. También se destaca el deber de garantizar igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado.

No obstante, los artículos 4 y 5 fueron declarados inconstitucionales por violar el principio de unidad de materia, ya que no estaban directamente vinculados a la Jurisdicción Agraria y Rural. Su exclusión no compromete el espíritu ni el funcionamiento del proyecto aprobado.

Esta decisión judicial representa un avance simbólico y práctico en la implementación del Acuerdo Final de Paz, especialmente en su Punto 1, la Reforma Rural Integral. La nueva jurisdicción permitirá instalar tribunales especializados con equipos técnicos capaces de responder a las realidades del campo colombiano, desde conflictos por tierra hasta contratos agrarios y posesión.

Qué sigue: sanción presidencial y ley ordinaria

Con el fallo, el texto ajustado será enviado al Congreso para su revisión final y firma presidencial. Posteriormente, corresponderá tramitar la ley ordinaria que definirá competencias, principios del derecho agrario y los procedimientos agrarios específicos.

Este nuevo sistema se sumará a las jurisdicciones existentes en Colombia -ordinaria, contenciosa administrativa, constitucional y especial- con su propio tribunal superior, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, según lo dispuesto en el Acto Legislativo de 2023.

La creación de esta jurisdicción responde a una deuda histórica con el campo, muy debatida en comisiones legislativas donde el Gobierno y sectores opositores finalmente alcanzaron un consenso.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha subrayado que contar con jueces especializados es clave para resolver disputas territoriales, restituir tierras y fortalecer una justicia rural más inclusiva. "Si la justicia agraria funciona bien, los actores armados pierden control territorial", señaló la funcionaria.

Y aunque sectores conservadores creían que la nueva ley abriría la puerta a expropiaciones exprés, analistas jurídicos aclaran que estas decisiones seguirán sujetas a revisión judicial, evitando vulnerar la propiedad privada.