En un contexto donde los desafíos ambientales y la sostenibilidad productiva son cada vez más determinantes para la competitividad agrícola, el Poder Judicial del Perú ha dado un paso trascendental. La reciente creación del Juzgado Penal Unipersonal Transitorio Especializado en Delitos Ambientales en la región SanMartín, junto a la puesta en marcha de una Unidad Modelo de Flagrancia, refuerza no solo el combate contra la minería ilegal y la deforestación, sino también la protección directa e indirecta de las cadenas de valor agroalimentarias en una de las zonas agrícolas más importantes del país.

SanMartín, eje productivo del café, cacao y palma aceitera, enfrenta crecientes presiones por actividades extractivas ilegales que deterioran los ecosistemas, contaminan fuentes hídricas y generan pérdida de suelo fértil. Este deterioro ambiental impacta de forma directa en la trazabilidad y calidad fitosanitaria de los cultivos destinados a la exportación, generando un riesgo para el posicionamiento internacional del agro peruano, especialmente en mercados como Estados Unidos y Europa, donde las exigencias ambientales son cada vez más rigurosas.

La instalación de un juzgado especializado en delitos ambientales, con competencia para procesar casos de tala ilegal, ocupación de áreas protegidas y contaminación por metales pesados, brinda una herramienta clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar el debilitamiento institucional en territorios vulnerables. Por su parte, la nueva unidad de flagrancia agiliza la atención de casos en tiempo real, optimizando los procesos judiciales en articulación con fiscalías y fuerzas de seguridad.

Este fortalecimiento institucional representa un avance crucial en la defensa de la infraestructura productiva y logística que sostiene al agro regional. Sin un entorno ambiental sano y predecible, la logística de exportación, la inversión en agricultura de precisión, y los esfuerzos por mejorar la resiliencia climática pierden efectividad. De ahí la importancia de integrar los sistemas judiciales al enfoque de desarrollo rural y agroexportador.

En paralelo, el Ministerio Público ha advertido sobre debilidades estructurales en la lucha contra la minería ilegal, como la falta de presupuesto, la tipificación incompleta del transporte de minerales y la ausencia de normas claras sobre comercialización. Estos vacíos legales permiten que redes criminales continúen operando con impunidad, afectando territorios agrícolas que dependen de la seguridad jurídica y el ordenamiento territorial para garantizar la calidad de sus cultivos.

La consolidación del agro peruano como motor económico y actor estratégico en el comercio agrícola de América Latina exige políticas transversales. Estas deben articular justicia ambiental, sustentabilidad productiva, integración regional y acuerdos comerciales como el T-MEC, la Alianza del Pacífico o el MERCOSUR, que imponen estándares crecientes en trazabilidad, huella ambiental y cumplimiento normativo.

Asimismo, organismos como la FAO, el IICA y el BID han señalado que el vínculo entre gobernanza ambiental y agroindustria es clave para garantizar la seguridad alimentaria regional y fomentar tecnologías verdes que permitan producir más con menos impacto. Iniciativas como la de SanMartín abren el camino para un modelo de desarrollo donde el agro no solo exporte productos, sino también valores de sostenibilidad, legalidad y resiliencia.

En definitiva, el avance judicial en SanMartín representa mucho más que una acción punitiva. Es una apuesta institucional por proteger al agro desde su base más esencial: la tierra, el agua y los ecosistemas que lo hacen posible. Y marca un precedente que otras regiones productivas de Perú y América Latina deberían considerar en la ruta hacia un comercio agroalimentario competitivo y sustentable.