El sector agroalimentario global se encuentra en un punto de inflexión, impulsado por la creciente demanda de sostenibilidad y la innovación en insumos agrícolas. En este contexto, Latinoamérica está redefiniendo su panorama normativo, sentando precedentes que comienzan a resonar a nivel internacional.

En marzo de 2025, la FAO y el Banco Mundial, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de México, presentaron avances en la construcción de un marco normativo para los bioinsumos, con el objetivo de reducir los vacíos regulatorios y acompañar un mercado en rápida expansión. México se posiciona así como referente regional, al tiempo que Brasil avanza con su Programa Nacional de Bioinsumos (PRONARA) y Argentina redefine las funciones de su comité asesor (CABUA), integrando mayor participación del sector privado para dar agilidad a la toma de decisiones.

Paralelamente, a comienzos de septiembre de 2025, el gobierno mexicano publicó un decreto que prohíbe 35 plaguicidas clasificados como altamente peligrosos, una medida que refleja un giro hacia regulaciones más estrictas, con énfasis en la protección de la salud y el ambiente. Esta decisión se complementa con la reforma al reglamento de plaguicidas y fertilizantes, que busca garantizar que estos productos cumplan con criterios de seguridad, calidad y transparencia en los procesos de registro y control.

Estos cambios marcan un punto de inflexión. Por un lado, ofrecen una oportunidad estratégica para consolidar la innovación agrícola, fomentando la incorporación de bioinsumos y tecnologías más limpias. Por otro, plantean un riesgo de fragmentación normativa si cada país avanza de manera aislada, generando trabas al comercio, encarecimiento en el acceso a nuevas tecnologías y pérdida de atractivo para las inversiones.

La región enfrenta así un doble desafío: evitar la dispersión de criterios y construir reglas comunes que fortalezcan la competitividad global del agro latinoamericano. La coordinación regulatoria permitiría no solo facilitar las exportaciones y atraer inversiones, sino también desarrollar modelos propios que combinen rigor técnico con sensibilidad local, equilibrando innovación con sostenibilidad y cuidado de la salud pública.

Aunque el camino hacia una armonización normativa regional recién comienza, los pasos dados por México, Brasil y Argentina muestran que Latinoamérica está decidida a jugar un papel central en la agenda global de regulación agroalimentaria.