Bioetanol en Panamá: la ley que enfrenta al campo con el poder económico
El debate por la ley que impulsa el etanol expone intereses cruzados entre productores, ingenios y sectores vinculados al poder económico.
Panamá volvió a poner en el centro del debate la relación entre agroindustria, energía y poder político con la discusión del proyecto de ley 433 sobre bioetanol, que esta semana retoma su segundo debate en la Asamblea Nacional. La iniciativa, impulsada desde el Ejecutivo, propone incorporar un 10% de etanol a la gasolina, una medida que podría reconfigurar la cadena productiva de la caña de azúcar y abrir un nuevo capítulo en el abastecimiento energético del país.
El proyecto llega en un momento de alta sensibilidad. Por un lado, productores independientes ven en el etanol una oportunidad concreta para reactivar la producción rural, ampliar la superficie cultivada y recuperar tierras hoy en desuso. Por otro, la participación de grupos empresariales históricamente ligados al poder económico genera cuestionamientos sobre quién capturará los beneficios del nuevo esquema.
Entre los actores interesados aparecen los principales ingenios del país: Azucarera Nacional (Ansa), Compañía Azucarera La Estrella (Calesa), Ingenio La Victoria y el Central Azucarero de Alanje (Cadasa). Todos ellos manifestaron su intención de participar en el mercado que se abriría con la eventual aprobación de la ley.
Ingenios, vínculos políticos y señales de concentración
El foco de la discusión no está solo en el impacto productivo, sino también en las relaciones entre empresas y funcionarios. En el directorio de Calesa figura Fernando Chapman, hermano del actual ministro de Economía, mientras que otro de sus directivos está vinculado al entorno presidencial, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Desde el Gobierno, las respuestas apuntaron a despejar dudas. El ministro de Economía aseguró haberse apartado del proceso y negó cualquier beneficio directo, mientras que desde el entorno presidencial remarcaron que no existen privilegios en el proyecto.
Sin embargo, la discusión no se limita a un solo grupo. El ingenio La Victoria, vinculado a la familia del expresidente Ricardo Martinelli, también aparece como uno de los actores con interés en el negocio del etanol, al igual que Cadasa, donde el actual contralor tuvo participación en años recientes.
El mapa empresarial refleja una constante histórica en Panamá: la industria azucarera mantiene una fuerte conexión con estructuras de poder económico y político, lo que amplifica el impacto de cualquier cambio normativo en el sector.
Productores, inversión y expansión del cultivo
Mientras el debate se concentra en los grandes jugadores, los productores independientes observan el proyecto con otra expectativa. En provincias centrales, más de 400 cañeros sostienen la actividad con una producción cercana a 156 mil toneladas, y ven en el etanol una vía para escalar.
Las proyecciones del sector indican que la superficie cultivada podría ampliarse hasta alcanzar unas 25.000 hectáreas en los próximos años, impulsada por la demanda de mezcla obligatoria. Este crecimiento estaría acompañado por inversiones privadas estimadas entre 390 y 450 millones de dólares, destinadas a modernizar ingenios y ampliar destilerías.
El impacto no se limitaría al cultivo de caña. El desarrollo del bioetanol podría reactivar zonas rurales donde otras producciones perdieron terreno, generando empleo y dinamizando economías locales.
Desde el punto de vista energético, la propuesta también busca reducir la dependencia de combustibles importados. Sustituir parte de la gasolina por etanol de producción local aparece como una alternativa para diversificar la matriz energética, aunque persisten dudas sobre su impacto en los consumidores y en el parque automotor.
El debate sigue abierto y combina variables económicas, productivas y políticas. La definición sobre el bioetanol no solo marcará el rumbo de la agroindustria cañera, sino también el equilibrio entre actores en un sector históricamente concentrado.
